La Fiscalía pide condenas que en su conjunto suman 490 años de cárcel y multas por 16 millones de euros para los miembros de cuatro clanes acusados de dedicarse al tráfico de drogas en Son Banya y en los barrios palmesanos de La Soledad y Virgen de Lluc.
En una vista previa celebrada el pasado 28 de octubre, la sección primera de la Audiencia fijó las fechas para la celebración del juicio a 72 personas que estarían vinculadas a esta presunta trama dedicada al narcotráfico en Mallorca.
En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que, de forma organizada, los acusados se dedicaron al tráfico de drogas al menos entre principios de 2017 y su detención en abril de 2018, en el marco de la operación Ludar, llevada a cabo por la Guardia Civil.
Además de las peticiones de condena por tráfico de drogas, que van de los cuatro años y medio a los nueve años de prisión, la acusación pública también solicita que uno de los procesados sea condenado a dos años y medio de cárcel por atentar contra un agente de la autoridad y que otros tres ingresen en prisión 15 meses más cada uno por tenencia ilícita de armas.
Respecto al delito de pertenencia a organización criminal, la Fiscalía reclama que los acusados cumplan dos años de prisión cada uno.
Según el ministerio público, los encausados, puesto de acuerdo, se dedicaban a la venta de drogas y los distintos clanes operaban tanto dentro de su respectivo círculo como en conexión con el resto, con el fin de asegurarse el abastecimiento continuado de las drogas para su posterior venta al menudeo.
Varios de ellos se dedicaban al cultivo de marihuana y disponían de una treintena de puntos de venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís en Palma, según la Fiscalía.
En la operación de desmantelamiento, la Guardia Civil hizo 72 registros domiciliarios en las localidades mallorquinas de Palma, Alaró, Algaida, Biniali, Binissalem, Felanitx, Inca y Selva, 58 de ellos en la capital balear.
Los investigadores incautaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína, MDMA, hachís y marihuana preparados para su tráfico ilícito y distribución, diversas armas de fuego, cerca de 150.000 euros en efectivo, diversas herramientas de pesaje, envoltorios y sustancias de corte.
Según la acusación pública, 18 de los procesados cuentan con antecedentes penales por tráfico de drogas. En estos casos, solicita al tribunal que aplique en la fijación de pena la circunstancia agravante de reincidencia.
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