"Cort cobra irregularmente tres de cada cuatro euros que ingresa en multas"

El informe plantea que entre 2021 y 2023 Cort instruyó más de 170.800 expedientes sancionadores (concretamente, 170.810) correspondientes a multas por supuesta vulneración de las ordenanzas circulatorias, sin haber comunicado formalmente esta incidencia a los titulares de vehículos afectados por estas multas.

Para la plataforma, la actuación del gobierno municipal constituye "un robo, un fraude y un engaño", toda vez que equivale a que tres de cada cuatro euros ingresados por el Consistorio a partir del cobro de sanciones de tráfico han sido percibidos de forma irregular o contraria a las disposiciones legalmente establecidas.

30 MILLONES DE EUROS EN 2022

Según dio a conocer en su momento el Ayuntamiento de Palma, a lo largo del pasado año, Cort engrosó sus arcas con la cantidad aproximada de 30 millones de euros. En este sentido, la estimación de la plataforma es que, tomando como base este cómputo global, al menos, 23 millones de euros habrían sido recaudados fraudulentamente.

Esa cifra de 30 millones es superior a la de los ejercicios precedentes. Así, a partir de una información que el departamento municipal de Qualitat facilitó a un ciudadano que requirió estos datos y que ahora la plataforma 'Stop Multes sense Notificació' ha divulgado públicamente, Cort se embolsó en 2019 cerca de 16,5 millones de euros en multas circulatorias (16.420.867,26); en 2020, algo más de 14 millones (14.143.701,34), y en 2021, por encima de de los 23 millones (23.103.804,50).

No obstante, la entidad liderada por Jaume Escales, miembro fundador de la plataforma, estos datos no abarcan el balance global de la actividad coercitiva del Ayuntamiento de Palma en materia de sanciones de tráfico, dado que Cort no concreta qué cantidades específicas ha ingresado en periodo voluntario y cuál ha sido el montante en fase ejecutiva.

Cuando esto último ocurre, la gestión de la reclamación de la multa pasa a ser centralizada desde la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) y el ciudadano corra el riesgo de ver intervenida su cuenta corriente y su nómina o sufrir el embargo de algunos de sus bienes. Así ha ocurrido, de hecho, en numerosos casos, algunos de los cuales han sido recogidos por mallorcadiario.com

SIN TRANSPARENCIA INFORMATIVA

A este respecto, la plataforma ha incidido en la circunstancia de que el Consistorio palmesano no publica en su página web oficial los datos relativos a las multas circulatorias cobradas en las fases voluntaria y ejecutiva. Esto viene sucediendo desde hace ya seis años, concretamente a partir de 2017, sin que la exigencia de mayor transparencia formulada por vecinos y asociaciones, y por la propia plataforma, haya surtido efecto.

En cualquier caso, el informe divulgado por esta organización ciudadana expone que, en 2021, partiendo siempre de cantidades aproximadas, de los 23 millones de euros recaudados en multas, 16 millones se cobraron de forma fraudulenta, lo cual supone que, ese año, Cort tan solo ingresó por este concepto siete millones de euros de manera reglamentaria y ajustada a la legislación que regula las normas del procedimiento administrativo.

En 2022, de los 30 millones de euros comunicados por el Ayuntamiento, 23 millones han sido percibidos fraudulentamente.

"ES MENTIRA QUE LA RECAUDACIÓN SE HAYA TRIPLICADO POR LOS RADARES"

En consecuencia, siguiendo el contenido del informe, de los 53 millones de euros que el gobierno municipal acredita haber ingresado a lo largo de esos ejercicios, la mayor parte de la recaudación, concretamente 39 millones de euros, el 73,58 por ciento sobre la cifra total, ha sido percibida irregularmente, habiéndose incurrido en "un fraude y un robo".

Igualmente, la plataforma niega la versión de Cort según la cual la recaudación por multas se ha triplicado a causa de la instalación de radares fijos de vigilancia del tráfico, a partir de 2021. "Es totalmente falsa esta explicación - señala la asociación- Este aumento de los ingresos no se debe al aumento de la actividad en cuanto a la imposición de multas, sino a que las sanciones no han sido notificadas en tiempo y forma, y a que el Ayuntamiento se ha saltado la legislación".

En esta línea, la entidad recuerda las disposiciones contenidas en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, promulgada el 2 de octubre de ese año, donde se blinda el derecho de los ciudadanos a recibir por vía de correo digital las notificaciones vinculadas a actuaciones, resoluciones o pronunciamientos de las instituciones que les afecten.

LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES HAN SEGUIDO SU CURSO

Al mismo tiempo, la plataforma recuerda que en el caso concreto de las multas no notificadas a titulares de vehículos en Palma existe otra vulneración de la normativa, como es el hecho de que Cort haya continuado adelante con la tramitación de los expedientes sancionadores sin disponer de una muestra fehaciente del intento de entrega de la comunicación.

Cabe señalar que, hasta la rescisión, el pasado 1 de abril, del contrato que le unía con el Ayuntamiento, este servicio era desempeñado por la empresa valenciana CI Postal, y, a partir de la desvinculación contractual, Cort ha llegado a un acuerdo con Correos para que esta sociedad pública se haga cargo de la distribución de notificaciones en Palma.

Paralelamente, el equipo de gobierno ha anunciado la convocatoria de una nueva licitación con el objetivo de adjudicar esta función a la empresa o grupo que presente la mejor oferta en el proceso de concurso. En la anterior licitación, que data de 2019, el Consistorio eligió la opción de CI Postal, un candidato con cierta experiencia en el reparto masivo de notificaciones, pero que, hasta su desembarco en Palma, centraba su área de acción en municipios con un volumen demográfico inferior a los 20.000 habitantes.

LA DIRECCIÓN DEL ENVÍO NO DEBE SER LA QUE FIGURA EN EL PADRÓN MUNICIPAL

Además de la legislación que atañe directamente al procedimiento administrativo, Cort ha incumplido también, según la plataforma, la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuyo Real Decreto Legislativo de aplicación data también de 2015.

En esta disposición legal se recoge que la dirección de referencia para el envío de notificaciones ha de coincidir con el domicilio acreditado en el permiso de circulación del vehículo que expide la Dirección General de Tráfico (DGT). En este sentido, la dirección que figura en el Padrón municipal no es procedente a efectos de comunicación.

En cambio, la actuación habitual de Cort, tal como expone la asociación, es referenciar el domicilio de notificación a partir de los datos del Padrón, y solo cuando no es posible efectuar esta localización, por las razones que sean, el Consistorio recurre a los datos de la DGT.

SANCIÓN POR NO IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR

Por otro lado, la plataforma 'Stop Multes sense Notificació' ha reiterado, una vez más, que el objetivo de los propietarios de vehículos afectados por esta situación no es la de cuestionar la imposición de la sanción o la veracidad de la infracción que se les imputa.

Muy al contrario, la postura de este colectivo es cargar contra la falta de notificación de los expedientes tramitados en su contra. La entidad ha insistido en que las cantidades reclamadas por Cort no corresponden a la infracción supuestamente realizada, sino a la no identificación del conductor que pudo cometerla.

Esto supone que el destinatario de la sanción ya no tiene opción, en este punto del proceso, a acceder a la cuantía reducida de la multa e implica también que ha de hacer frente a una cantidad económica muy superior a la que inicialmente hubiera abonado si la notificación se hubiera llevado a cabo de manera efectiva.

Concretamente, una multa de 100 euros por exceso de velocidad (una de las infracciones más habituales en los expedientes tramitados) y que, pagándose en el plazo establecido, podría haber acarreado para el destinatario un gasto de 50 euros, se transforma en una sanción de 300 euros sin ninguna posibilidad de reducción.

EL DESTINATARIO IGNORA LA EXISTENCIA DE LA DENUNCIA

El problema reside, sin embargo, es que la exigencia del Ayuntamiento sobre la identificación del conductor resulta de imposible cumplimiento desde el momento en que el propietario del vehículo no ha recibido en ningún momento la notificación sobre el inicio del expediente. De esta manera, buena parte de estos titulares fueron acumulando, una tras otra, sanciones por no identificación de las que desconocían por completo su existencia. Al final, la deuda acumulada puede llegar a sumar miles de euros.

"Estamos convencidos de que la mayor parte de los más de 170.000 afectados por los expedientes no notificados entre los años 2021 y 2023 - explica la plataforma- no hubieran esperando a recibir un segundo, tercer, cuarto o quinto requerimiento si hubieran recibido el primero, ya que esta notificación inicial les hubiera permitido ser conscientes de la situación y actuar en consecuencia".

"ES UNA EXCUSA PARA MULTIPLICAR LOS INGRESOS ANTE LA INDEFENSIÓN DEL CIUDADANO"

"De haberse actuado de esta manera, - continúa- la Administración hubiera sido fiel al que se supone que es el objetivo de la actividad sancionadora, que es alertar al ciudadano sobre un determinado comportamiento contrario a la normativa para que no vuelva a repetirlo. Está claro, sin embargo, que este no era, ni mucho menos, el propósito, sino que la auténtica intención consistía en encontrar una excusa para imputar la nueva sanción de no identificación y, de esta manera, multiplicar fraudulentamente los ingresos frente a la indefensión y el desastre económico que comporta este tipo de actuaciones para las economías familiares".

En opinión de la plataforma, la consecución de esta meta recaudatoria requería la colaboración "indispensable" del antiguo concesionario, CI Postal, algunos de cuyos empleados, tal como recuerda la entidad, han sido detenidos por supuestos delitos de falsificación de firmas y presuntas irregularidades en los procesos de entrega.

"LOS POLÍTICOS MUNICIPALES SABÍAN PERFECTAMENTE CUÁL ERA LA SITUACIÓN"

No obstante, la asociación que encabeza Jaume Escales no exculpa de responsabilidad a los políticos municipales, los cuales, según afirma, "sabían perfectamente" cuál era la situación y, en cambio, "continuaron dando por válidos los falsos intentos de entrega, sin hacer caso de las reclamaciones, las quejas, el escándalo mediático, los arrestos y los procesos judiciales actualmente en curso".

Muy al contrario, Cort siguió regando con dinero público a CI Postal, prorrogando incluso su contrato hasta 2023 y destinándole pagos "de manera recurrente", el último de los cuales, muy reciente, asciende a 90.000 euros.

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