Vivienda, medidas fallidas y soluciones reales

"No somos más listos que nuestros políticos, pero nos dedicamos a esto desde hace 30 años". Con esta frase, promotores, constructores e inmobiliarias de Baleares lanzaban la campaña SOS Vivienda, en medio de la crisis habitacional que ha pasado a centrar buena parte de la campaña previa a las elecciones del próximo 28 de mayo. Los profesionales del sector reclaman soluciones reales a los problemas de vivienda, en vez de ocurrencias como las que se están oyendo últimamente en plena vorágine de anuncios electorales.

Según sus cálculos, Baleares arrastra un déficit de vivienda asequible de unas 20.000 unidades -tanto de alquiler como de venta-, un déficit que se irá incrementando por el aumento de la población y que crecerá al ritmo de entre 2.000 y 2.500 viviendas cada año.

Para reconducir la situación de forma urgente, los impulsores de la campaña SOS Vivienda -un día antes de que el Congreso diera el visto bueno a la nueva Ley de Vivienda- pidió la aprobación de un decreto de emergencia habitacional que permita, entre otras medidas, crecer en alturas, recuperar las ayudas directas a las hipotecas, ceder suelo público para promociones privadas, agilizar los trámites burocráticos y adaptar las nuevas construcciones a las demandas actuales con familias más pequeñas. Piden, sobre todo, que no haya más ocurrencias por parte de las administraciones como las que se han sucedido recientemente -límite a los alquileres, nueva Ley de Vivienda...-, que han conseguido el efecto contrario. En Baleares, estas medidas ya han supuesto que se haya retirado del mercado del alquiler un 24 pr ciento del stock.

La dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en un problema social de calado, circunstancia que ha propiciado que pase a formar parte del habitual discurso político. Está bien que los políticos atiendan los problemas que acosan de la ciudadanía, pero conviene que las medidas puestas en marcha tengan en cuenta las posibilidades reales de actuación, en vez de estar inspiradas por apriorismos ideológicos. En este sentido, tener en cuenta la opinión de los profesionales -como han reclamado los de Baleares esta semana- no es mal consejo.

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