Un sospechoso intercambio de papeles entre una mujer y unos jóvenes magrebíes en una calle cercana al Ayuntamiento de C'an Picafort provocó las sospechas de una patrulla de la Policía Local de Santa Margalida que se confirmaron cuando la mujer entró acompañada por varios de ellos en el Consistorio.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre y los agentes dieron aviso inmediato a su superior, quien acudió con una dotación de refuerzo hasta el Ayuntamiento e identificaron a las personas del grupo que se hallaban allí.
Tras hablar con ellos, la mujer acabó reconociendo que estaba autorizando el empadronamiento en su propio domicilio de tres de los magrebíes (todos de origen marroquí)y que le pagaban por ello.
Junto a estas cuatro personas se identificó también a otras dos (también marroquíes) y a otro imlicado que había hecho de "taxista" y los había llevado a todos en su vehículo desde Inca hasta el Ayuntamiento de C´an Picafort con la idea de empadronarlos.
Los agentes de la Policía Local de Santa Margalida informaron a la Policía Nacional, quienes se hicieron cargo de las investigaciones y que permitieron identificar al organizador de estas actividades, otro marroquí de 32 años y con residencia legal en España.
Este hombre había captado para su negocio a una española residente en C'an Picafort y con graves problemas económicos que, debido a su estado de necesidad y por una pequeña cantidad de dinero, se dejó convencer para autorizar el empadronamiento en su domicilio de seis extranjeros en situación irregular, todos ellos procedentes de Marruecos.
Estas personas necesitaban desesperadamente un certificado de empadronamiento para poder llevar a cabo diferentes trámites con la administración, como la tarjeta sanitaria o ciudadana, entre otros. Cada uno de ellos pagó quinientos euros por el certificado de empadronamiento aunque gran parte del dinero se lo habría quedado el organizador quien, para permanecer en el anonimato y evitar ser identificado, contactaba telefónicamente con la mujer con llamada “oculta” y contrataba los servicios de un tercero, un hombre de origen portugués de 57 años de edad en situación de paro laboral, quien con su vehículo hacía de “taxista”
La Policía Nacional he explicado que este tipo de actuaciones “está siendo muy utilizado para asentar la inmigración irregular y así acceder a las diferentes ayudas sociales u obtener permisos de residencia de forma fraudulenta. Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya domicilio real del mismo es una infracción por cada persona extranjera inscrita indebidamente y dicha conducta puede ser sancionada con una multa de 501 hasta 10.000 euros por la Ley de Extranjería”.