La Fiscalía pide para él una pena de 11 años de cárcel y el pago de una indemnización de 12.000 euros en concepto de daño moral.
La Fiscalía sostiene que los abusos comenzaron en 2003, durante los periodos en que la menor acudía a pernoctar en el domicilio de su madre, en ese momento pareja del acusado.
El fiscal acusa al hombre de haber sometido a la menor a tocamientos y otro tipo de prácticas, así como de haberla forzado a mantener relaciones sexuales completas. Estos abusos se habrían prolongado hasta septiembre de 2017.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita que se imponga al acusado una medida de libertad vigilada por diez años una vez salga de prisión, con obligación de participar en programas formativos de educación sexual; inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años; y una orden de alejamiento en favor de la víctima durante diez años, en los que tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio.
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