vacuna coronavirus

Centenares de personas han acudido este miércoles a los puntos de vacunación masiva habilitados por el Govern, coincidiendo con el primer día de inoculación sin cita previa dirigido a la población general en Baleares.

Las administraciones no contemplan, por el momento, la vacunación obligatoria de los profesionales de centros geriátricos y residencias que no acepten la inoculación de las dosis de protección frente a la Covid. Sin embargo, la nueva estrategia, propuesta por los expertos de la Ponencia de Alertas y debatida por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, pasaría por someter al personal de equipamientos sociosanitarios que eludan vacunarse a controles específicos que certifiquen su situación epidemiológica: básicamente, dos pruebas diagnósticas a la semana y mediciones continuadas de la temperatura corporal.

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha afirmado este miércoles que si en vez de personas mayores estuvieran muriendo niños y jóvenes a causa del coronavirus "no se estaría debatiendo la obligatoriedad de la vacuna".

El 50 por ciento de la población de entre 30 y 39 años cuenta con la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, que indica que en las últimas 24 horas se han administrado 320.922 dosis, por lo que el número de personas con pauta completa asciende hasta los 28.768.777 (el 60,6 por ciento de población).

Los ciudadanos de Baleares mayores de 12 años pueden acudir desde este miércoles a los puntos de vacunación masiva sin cita previa habilitados por el Govern en diferentes localizaciones para recibir la vacuna contra la Covid 19.

La pandemia vuelve a estar presente en las residencias de Baleares. Después de que el pasado 1 de marzo el Govern decretase a estos centros 'territorios libres de Covid', gracias, en buena medida, a los efectos del proceso de vacunación, las cifras de las semanas más recientes ponen de manifiesto la tendencia ascendente de los contagios. Según los profesionales del sector, la alternativas más efectivas para contrarrestar el aumento de casos son dos: inyectar una tercera dosis vacunal a los usuarios de las residencias, e implantar la vacunación obligatoria de los trabajadores.

El 75,8 por ciento de la población diana de Baleares --mayores de 12 años-- ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna, y el 65,7 por ciento tiene la pauta completa, según datos de la Conselleria de Salut i Consum.

La Plataforma para la Atención a la Dependencia (PAD) ha advertido de que es "fundamental" que "el 100%" de los trabajadores de residencias y centros sociosanitarios estén vacunados, para que "prevalezca la salud pública y la salud de la población de alto riesgo", como una medida "imprescindible".

Hace meses que investigadores de todo el mundo desarrollan estudios sobre la capacidad de protección de la vacuna de la gripe frente a la Covid-19. Al comienzo de la pandemia hubo dudas, incluso confusión entre la población, sobre la posibilidad de que ambas enfermedades fueran tan parecidas que la vacuna de la gripe pudiera parar la pandemia. Sin embargo, aunque está claro entre la sociedades científico -medicas que no sirve contra el SARS-CoV-2, sí se ha observado una protección frente a sus síntomas más graves.

El Ministerio de Sanidad espera recibir este domingo 1.150.000 vacunas de Pfizer de los 3,4 millones extraordinarios que llegarán en agosto y que permitirán aumentar de 16 millones a 19 las dosis administradas este mes para lograr la meta del 70 % de población inmunizada, fijada en un primer momento para la inmunidad grupal contra la covid.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado la realización de un estudio inmunológico que pueda constatar el grado de inmunidad hacia la Covid-19 en las residencias para mayores, y una tercera dosis de vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros.

Expertos jurídicos han subrayado que la vacunación obligatoria contra la Covid 19 para ciertos colectivos, como los profesionales sanitarios y sociosanitarios, es inconstitucional en España con la legislación actual y han abogado por proponer un marco normativo que contemple esta posibilidad de manera indirecta, como se ha hecho en otros países, entre ellos Francia.