Sanciones

El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó el martes la primera Ley de Vivienda de Balears. La ley tiene como objetivo principal facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y garantizar su permanencia y su entrada en vigor implica, por ejemplo, que los grandes tenedores disponen de tres meses para informar de todas aquellas viviendas de su propiedad que lleven dos años cerradas, bajo la advertencia de una sanción en caso que no lo cumplan, que puede llegar hasta los 30.000 euros.

La Policía Local de Palma denunció a 9 locales de Platja de Palma por actividades no permitidas cómo vender alcohol a partir de las 24 horas o incumplir la Ley 34 /1988 General de Publicidad. El dispositivo se realizó en la noche del jueves y se controlaron 24 establecimientos, todos ellos en Playa de Palma.

La Policía Local de Calvià ha interpuesto en la última semana 22 denuncias por realizar publicidad ilegal en zonas turísticas del municipio, ha informado el ayuntamiento en un comunicado donde se subraya que estas sanciones se consideran graves y la multas oscilan entre los 601 y 6.000 euros.

El Ayuntamiento de Andratx ha dado un paso más y ha prometido mano dura en su intención de poner fin a la costumbre que tienen muchos propietarios de perros en el municipio de no recoger los excrementos de sus animales en las aceras o en la calle, o que se recogen y se tiran dentro de solares particulares, creado así otro problema vecinal.

Nueva sanción por ofertar alquilerers ilegales en Balears. La vicepresidenta del Govern balear, Bel Busquets, ha confirmado en Ibiza que el pasado 28 de marzo se comunicó la apertura de un expediente sancionador de hasta 300.000 euros contra la plataforma HomeAway, que dispone de 15 días para alegar.

El Ayuntamiento de Calvià y la Policía Local han interpuesto, entre el 5 y el 18 de febrero, 12 denuncias por incumplimiento de la ordenanza de Bienestar Animal, que entró en vigor en 2017.

Se han tirado los trastos a la cabeza y pueden acabar en los tribunales. Según ha denunciado este miércoles el gobierno municipal de Palma, el anterior equipo ordenó la paralización de un centenar de sanciones por incivismo que impusieron los controladores medioambientales de Emaya por ensuciar la vía pública. El entonces presidente de la empresa pública, Andreu Garau, ha negado toda vinculación a los supuestos hechos y advirtiéndola que, de no reparar su honorabilidad, á en marcha "las oportunas medidas legales".