pisos turisticos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha incoado, a través de la Dirección General de Consumo, expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.

El Consell de Mallorca pretende dar un paso firme en la lucha contra la oferta turística ilegal al impulsar un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB). Esta alianza permitirá mejorar la notificación y el cobro de sanciones en materia de oferta ilegal dentro del sector turístico, poniendo fin a las dificultades que hasta ahora habían limitado la efectividad de las sanciones.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha entregado al Govern y al Consell de Ibiza un listado de unos 7.000 pisos turísticos que se comercializan en Baleares “sin publicitar su número de licencia”, de un total de 22.000 viviendas vacacionales localizados en el archipiélago.

El Consell de Mallorca ha ordenado el cese inmediato de la actividad de diez apartamentos en un edificio de Palma que operaban como alquiler turístico sin la correspondiente licencia. Además, ha impuesto sanciones que suman un total de 800.000 euros, correspondiendo 80.000 euros a cada inmueble. Esta acción se enmarca en la estrategia del Departamento de Turismo del Consell para combatir el alquiler turístico ilegal en la isla.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha explicado en el pleno del Consell de Mallorca celebrado este jueves, que las sanciones por infracciones turísticas en 2024 ascienden a 8,4 millones de euros, un 68 por ciento más que en 2023. Igualmente ha destacado que los ingresos han aumentado progresivamente: 1,3 millones de euros en 2022, 5 millones en 2023 y 8,4 millones en 2024.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación, a través de la Dirección General de Consumo, a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, según ha informado este jueves el Departamento que dirige Pablo Bustinduy. La investigación se llevará a cabo en diferentes comunidades, entre las que se encuentra Baleares.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, opina que es factible que España aplique un IVA del 21 por ciento al alquiler turístico, sin importar si se ofrecen o no servicios hoteleros.

Más de la mitad de los anuncios online de ofertas turísticas en Mallorca arrojan algún tipo de sospecha, según se desprende de los primeros resultados del trabajo realizado por 'Talk&Code', una empresa catalana contratada por el Consell de Mallorca para monitorizar en tiempo real la oferta turística legal e ilegal de la isla.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ordenará el corte de suministros a pisos turísticos ilegales y solicitará competencias a la Generalitat para sancionarlos. Sigue la estela del Ayuntamiento de Sevilla, que anunció una medida similar en agosto.

El Ayuntamiento de Sevilla cortará el suministro de agua a 5.000 viviendas turísticas ilegales para frenar su proliferación. Esta medida, parte de un protocolo con la Junta de Andalucía, busca regular el mercado de alquileres turísticos y mejorar la convivencia vecinal afectada por estas actividades irregulares.

Quienes deseen alquilar apartamentos a turistas necesitarán el visto bueno de tres quintas partes de los vecinos. El Gobierno prevé establecer esta normativa modificando la Ley sobre propiedad horizontal, permitiendo también al presidente de las comunidades de vecinos acutar si una vivienda no cumple.

Pedro Marín, presidente de la AHPP, critica que el alquiler vacacional, legal e ilegal, es la principal causa del problema de la saturación turística y pide medidas efectivas para regularlo, protegiendo así el mercado de vivienda y mejorando la calidad del turismo en Baleares. Además, tilda de "cinismo político" la presencia de representantes del PSIB en la manfiestación contra el turismo celebrada el pasado domingo.

El Consell d’Eivissa y los cinco ayuntamientos de la isla firmaron un protocolo para combatir el alquiler turístico ilegal. Este acuerdo permitirá a las policías locales detectar y denunciar esta actividad, coordinando esfuerzos para erradicarla y garantizar viviendas dignas. La colaboración entre administraciones locales es clave.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que el registro estatal de pisos turísticos y de alquileres temporales no conllevará gastos y estará listo a finales del próximo año a más tardar.

El Gobierno de España parece haber tomado conciencia de los graves problemas que genera el alquiler descontrolado de pisos a turistas. Tras el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de no conceder más licencias para uso turístico y no renovar las existentes, lo que hará que en menos de cinco años, los más de 10 pisos turísticos registrados en la ciudad, dejen de serlo, varios ministros han lanzado algunas propuestas para hacer frente a este fenómeno.

Crear un registro estatal y reformar la Ley de Propiedad Horizontal son las medidas que el Gobierno tiene sobre la mesa para poner coto al alquiler turístico.

El Ministerio de Consumo quiere poner fin al privilegio del alquiler turístico de no pagar IVA. A día de hoy, los pisos turísticos están exentos del pago de este tributo, a menos que ofrezcan servicios complementarios propios de la industria hotelera.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más y para "empoderar" a las comunidades de vecinos y que participen de estas decisiones.

El Ayuntamiento de Barcelona no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028. En consecuencia, en menos de cinco años, los 10.101 pisos turísticos registrados actualmente en la ciudad perderán esa condición.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Gobierno va a "perseguir" la publicidad en línea de los pisos turísticos, concretamente la que emiten a través de plataformas de intermediarios.