La subida de la luz pone freno a la recuperación

El Gobierno central ha anunciado que estudiará suspender algunos impuestos para intentar paliar la escalada de precios de la electricidad que se está produciendo estos días, con considerable alarma social, tanto en empresas como en particulares. La subida de la luz sigue imparable, alcanzando niveles de récord que llevan camino de convertir a junio en el mes con el consumo más caro de la electricidad.

Estos días, el coste roza los 91 euros por megavatio y hora, lo que se traduce en un aumento medio para las familias que superará en 20 euros al de hace un año. Sólo existe una referencia más elevada este año, cuando en enero, con la tormenta Filomena congelando media España y disparando el uso de calefacciones, el coste subió hasta los 95 euros. Ahora, la conjunción del empleo de aires acondicionados, el despegue de la actividad económica y el endiablado sistema de cálculo del coste de generación eléctrica llevan camino de superar esta cifra alcanzando, posiblemente, la cota psicológica de los 100 euros por megavatio hora.

La bajada de impuestos que el Gobierno estudiará es imprescindible, especialmente para un ejecutivo que hizo bandera de la subida de la luz frente a gobiernos pasados, pero sobre todo para frenar una situación que está empezando a ahogar a consumidores domésticos y empresas. El resto es confiar en que se reduzca el coste de la generación eléctrica que está condicionado por la revalorización del gas -empleado para generar electricidad- y por la subida de las compensaciones que deben pagar las eléctricas por emitir CO2 a la hora de generar energía eléctrica; una compensación que oscilaba antes entre los 25 y los 30 euros por tonelada y que ahora ha pasado a costar de 50 a 55 euros. Europa está comprometida con la reducción de gases contaminantes, pero el impacto de este coste no es homogéneo y España paga la factura eléctrica más cara de toda la Unión.

En la práctica, este sistema de fijación de precios diario lleva supone que para un recibo medio -el de un hogar con 4,5 kilovatios contratados y un consumo de unos 300 kwh-, el coste final superará ampliamente los 80 euros, frente a los 60 euros de hace un año. Para las pequeñas empresas este incremento puede superar el 25 por ciento, lo que pone en riesgo su competitividad.

El sistema despierta demasiadas dudas sobre la especulación que fomenta. Reformar el mercado en profundidad es el objetivo obligado a medio plazo, aunque mientras tanto, la congelación de impuestos y un control riguroso de las prácticas de todos los agentes implicados en el proceso se hace imprescindible. No hacerlo ahondará una crisis sobrevenida que puede acabar de hundir a particulares y empresas en el momento económico más delicado de las últimas décadas, en el preciso instante en el que la sociedad en conjunto clama por la recuperación.

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