Yllanes soluciona el problema de la vivienda

Una nueva polémica salpica las áreas del Govern que gestiona Podemos. En esta ocasión se trata de los sobresueldos que perciben seis altos cargos -directores generales, jefes de gabinete y asesores- que fueron reclutados fuera de Baleares para incorporarse a las consellerías de Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha. Todos ellos, por su condición de residentes fuera de las islas en el momento de ser contratados, tienen derecho al plus de 22.000 euros en concepto de vivienda que se suma a unas nóminas que rondan los 56.000 euros en cada caso.

Yllanes ha salido al paso de las críticas afirmando que se trata de un plus "adecuado" que percibirán personas que tienen "muchísima experiencia" y "vienen a mejorar los equipos que tenemos aquí". El hecho, dado a conocer por Diario de Mallorca, ha generado una gran polémica y no ha sentado bien en algunos sectores del propio Govern. El plus es legal; de hecho, lo perciben otros muchos altos cargos del Govern y de empresas públicas que han tenido que ocupar un puesto en Mallorca siendo residentes en Ibiza, Menorca o Formentera. El plus permite compensar los gastos de vivienda y desplazamientos.

Lo que sonroja es que el vicepresidente Yllanes afirme sin descaro que estas personas aterrizan en el Govern porque son mejores que los que se pueden encontrar en las islas. No es casual, además, que cinco de los seis colocados sean cargos de Podemos que perdieron sus puestos en Asturias, Cataluña, Alicante... tras la pérdida de poder territorial que la formación de Pablo Iglesias sufrió en las últimas elecciones autonómicas.

Llama la atención que la polémica surja de una formación que, en sus orígenes hizo bandera de los desahuciados y de todos aquellos que sufrían problemas de vivienda. Problemas de vivienda que no tendrán precisamente quienes han sido llegado a Baleares digitados por el partido.

El episodio es demasiado escandaloso como para que no haya una comparecencia parlamentaria que arroje luz sobre la selección de estas personas. Hasta entonces será difícil que no se extienda la sospecha de que se trata de unos enchufados a los que el partido ha tenido que recolocar. A precio de oro, eso sí. Concretamente, la recolocación de estos nuevos cargos podemitas en Baleares tendrá para los contribuyentes de las Islas un coste adicional de 132.000 euros al año. Según Yllanes, porque aquí no había nadie más capaz.