La Fiscalía del Tribunal Supremo ha atendido la petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y ha incoado diligencias de investigación penal contra el dirigente de Unidas Podemos Pablo Echenique.
Así lo ha anunciado este jueves la organización sindical tras recibir la pertinente confirmación por parte de la Fiscalía.
Los hechos a los que se refiere la denuncia contra Echenique se remontan al pasado 17 de febrero, con ocasión de los disturbios callejeros que tuvieron lugar en el centro de Madrid por parte de manifestantes que protestaban contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.
La movilización derivó en incidentes violentos que se saldaron con varios agentes de la Policía Nacional heridos, además de graves daños al mobiliario urbano. Horas después, Pablo Echenique divulgó a través de las redes sociales un mensaje de apoyo a los manifestantes que, en opinión del SUP, podrían constituir delitos contemplados en el Código Penal.
"ECHENIQUE HA FALTADO AL RESPETO A LOS POLICÍAS HERIDOS"
En una nota de prensa, la organización ha valorado positivamente la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo y ha recordado que las manifestaciones de Echenique procedieron de un responsable político que “sabía que la única actitud posible ante las algaradas de la Puerta de Sol era una rotunda condena, y no un mensaje de apoyo total. Fue irresponsable, por el momento que eligió y por su respaldo a los violentos”.
Al mismo tiempo, el SUP acusa a Echenique de haber “faltado al respecto a todos los policías heridos, a los que todavía no ha transmitido su apoyo. Para este diputado parece haber heridos de primera, que son los manifestantes violentos, y de segunda que son los policías que pretenden restablecer el orden”.
La pretensión del SUP es que la Justicia “investigue a fondo a un diputado a quien hay que arrancarle en los medios de comunicación la condena a la violencia. Debería haber salido de él y no hacerlo días después, forzado por las preguntas de los periodistas”.
Finalmente, el sindicato rechaza “cualquier intento de politizar el trabajo policial” y reivindica la condición de los agentes como “servidores públicos” cuya única referencia es “la legalidad y su cumplimiento”.