Por su parte, la Policía Nacional recibió 17 denuncias por agresiones sanitarios de Baleares en 2024, a las que se suman otras 15 comunicadas al Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib).
Así lo han explicado este jueves en una rueda de prensa la secretaria general del Comib, Rosa Robles, y el interlocutor de la Policía con el ámbito sanitario, Alfredo Rodríguez, poco antes del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que tendrá lugar el próximo miércoles.
Ambos han dado cuenta de las estadísticas recabadas por las diferentes instituciones implicadas a lo largo del año pasado. La Policía Nacional ha recibido 17 denuncias por supuestas agresiones sufridas por todo el personas sanitario del archipiélago a lo largo del año pasado, dos más que en 2023.
De éstas, ha expuesto Rodríguez, la mayoría han sido por amenazas. Otras ocho se han investigado como delitos de atentado contra funcionario --es decir, agresiones físicas--, que han terminado con otros tantos detenidos.
El perfil de las víctimas, ha señalado, son mujeres de entre 35 y 55 años; los agresores, hombres de la misma franja de edad. Todas las denuncias por agresiones físicas o verbales, ha celebrado el agente, han dado como resultado que la tasa de reincidencia se sitúe en el cero por ciento. Cuando no hay denuncia, ha contrapuesto, la tasa de reincidencia es "bastante alta".
A nivel nacional, ha apuntado el policía, ha habido 400 denuncias por agresiones a sanitarios, un 29% más que en 2023. De éstas, unas 173 fueron por amenazas y otras 130 por violencia física.
"Pero no quiere decir que haya habido más agresiones, que se mantienen más o menos en el mismo número, sino que hay más concienciación a la hora de denunciar", ha puntualizado.
OBSERVATORIO DE AGRESIONES DEL COMIB
Robles, por su parte, ha dado cuenta de las 15 agresiones comunicadas por parte de los más de 7.000 médicos colegiados en el Comib, que quedaron registradas en su Observatorio de Agresiones.
De éstas, el 66,7% la sufrieron doctoras, la mayoría (40%) en una franja de edad de entre los 35 y 45 años. La totalidad de las víctimas menores de 35 años, ha detallado la secretaria general del Comib, fueron mujeres, mientras que todos los de más de 56 años fueron hombres.
El 53% de las comunicaciones --que no denuncias-- fueron por amenazas o coacciones (el 74% a mujeres), seguidas por los insultos (28%, el 70% a doctoras) y las lesiones (18%, el 73% a las profesionales femeninas).
El 93% de estas agresiones, siempre según los datos del observatorio del Comib, fueron por causas asistenciales, es decir, por disconformidades del paciente con la atención recibida (57,1%) o porque los informes que emitieron no eran acorde a sus exigencias (21,4%).
La mayoría de ellas fueron en los hospitales (40%), seguidas por las mutuas, geriátricos, centros sociosanitarios o de atención a la salud mental (33%) y las urgencias de Atención Primaria (27%). La amplia mayoría, el 93,3%, fueron mientras los médicos se encontraban en su horario laboral.
En cuanto al perfil de los supuestos agresores, Robles ha destacado que el 53,8% tenían una cita programada y que en el 38,5% de los casos fue un acompañante del paciente el que cometió el agravio.
De esta quincena de casos uno se denunció ante la Policía Nacional, dos ante la Guardia Civil y otros dos se remitieron al juzgado competente.
PLENO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS
Durante 2024, ha indicado la abogada del Comib, María Fuster, la decena de sentencias en las que se han visto involucrados doctores colegiados han sido condenatorias para los agresores.
"Hay denuncias que nos llegan por parte de la Policía y otras que lo hacen directamente al Colegio. Cuando el médico nos contacta a nosotros, ponemos la denuncia conjuntamente y evitamos que la víctima tenga que empezar todo el periplo burocrático", ha explicado la letrada en la rueda de prensa.
Aunque la mayoría se han saldado con el pago de multas y la imposición de órdenes de alejamiento, ha subrayado, otras, como un caso de tentativa de asesinato, derivó en una condena de ocho años y medio de prisión y el pago de más de 8.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
INCREMENTO DE LAS COMUNICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN
El IbSalut, ha retomado Robles, ha recibido 1.365 comunicaciones por agresiones sufridas por todo el personal sanitario de Baleares, un incremento respecto a las 1.237 registradas el año anterior.
Todas estas cifras, han coincidido los intervinientes, son solo una muestra de una realidad mucho más extendida, dadas las dificultades y las reticencias de muchos profesionales del sector sanitario para interponer las correspondientes denuncias cuando sufren episodios de este tipo.
"No es una cifra real de las agresiones a los profesionales sanitarios", ha dicho Robles, quien ha anunciado la puesta en marcha de campañas publicitarias para concienciar a la población de las repercusiones penales y judiciales que pueden acarrear sus actos y a los sanitarios de las herramientas a las que pueden recurrir en caso de ser víctima de este tipo de hechos.
"Es importante que comuniquen las agresiones que sufren. Algunas serán susceptibles de denuncia, otras no, pero hay que comunicarlas", ha ahondado la secretaria general del Comib, resaltando la importancia de cifrar las agresiones de forma concreta para poder reclamar más recursos a la administración.
"NO SON AGRESIONES, ES VIOLENCIA SOCIAL"
El presidente del sindicato médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, ha estado presente en la rueda de prensa y, al finalizar, ha sostenido que estos episodios sufridos por el personal sanitario "no son agresiones".
"Es un tipo de violencia social. La violencia siempre implica una intencionalidad, y los agresores contra los médicos, contra los enfermeros, tienen la intencionalidad de dañar", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.
Lázaro ha reclamado a la administración pública que cumpla con su deber de proteger a los profesionales del sector en el desempeño de sus funciones, pero también ha pedido una mayor "responsabilidad" a los propios sanitarios.
"No se denuncian las agresiones psicológicas, y eso es una gran equivocación porque la violencia en el ámbito sanitario es un problema de salud pública y no conocemos su dimensión real", ha expuesto.
Ante este tipo de casos, el presidente de Simebal ha propuesto que la administración pueda imponer "penalizaciones económicas exprés" a los supuestos agresores. También ha reclamado mayores medidas de prevención, como arcos o guardias de seguridad en los centros de trabajo.