Repensar la Oficina Anticorrupción

La renuncia de Jaume Far como director de la Oficina Anticorrupción de Baleares abre un nuevo escenario sobre el futuro de este organismo dependiente del Parlament. Far deja una oficina creada por el Pacte, en los inicios de la anterior legislatura, como fórmula para prevenir la corrupción y aumentar la transparencia de las instituciones públicas.

El hasta ahora director del organismo tenía una larga experiencia previa en la administración y como inspector de Hacienda, siendo en un primer momento el encargado de poner en marcha una oficina que despertó un entusiasmo desigual entre los socios del Govern. Así, mientras Podemos se apuntó el tanto de la creación de nuevo organismo, PSIB y Més fueron más comedidos. De hecho, durante mucho tiempo la Oficina Anticorrupción contó con Jaume Far como único integrante -instalado en un despacho en el propio Parlament- y se tardaron muchos meses en dotarla de medios, plantilla, presupuesto y locales propios.

Lo que muchos de los inspiradores pensaron que sería un instrumento para levantar alfombras de gobiernos anteriores no tardó en convertirse en un elemento incómodo, que llegó a protagonizar tensiones con el ejecutivo de Armengol como la producida cuando abrió una investigación a cuenta de los altos cargos del Govern que se saltaron la cola a la hora de vacunarse contra el coronavirus. La confusión respecto a la oficina de Far ha avanzado hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas investiga ahora presuntas irregularidades y deficiencias en contratos de material y personal del departamento.

A los cuatro años de su llegada, Far tira la toalla y su salida -junto con los enredos por posibles irregularidades y tensiones con el Govern- pone sobre la mesa la propia existencia de la Oficina. Que el primer director de tan rutilante organismo para luchar contra la corrupción y promover la transparencia prefiera otros proyectos, al parecer, en la Agencia Tributaria, es la mayor prueba de que la Oficina no satisface todas las expectativas expresadas al inicio de su creacion y permite que muchos alberguen dudas sobre eventuales presiones a Far a raíz de sus investigaciones.

Ante esta situación, procede en primer lugar aclarar en sede parlamentaria todas las dudas que suscita la salida de Jaume Far y, después, aprovechar la coyuntura para repensar la propia existencia de la oficina que, con un coste superior al millón de euros anuales -de ellos, casi 100.000 en salario a su director-, no deja de tener una notable duplicidad con organismos como la Fiscalía, la Sindicatura de Cuentas o la Agencia Tributaria en la que ahora recala el propio Far.

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