La primera etapa es la interceptación de las personas, ya sea en tierra o en el mar. Interior cuenta en aguas baleares con un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que detecta -con mayor precisión en aguas mallorquinas y menor atino en las pitiusas- las embarcaciones ilegales.
Los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil o de Salvamento Marítimo acuden para socorrerlos e interceptarlos cuando aún se encuentran en el agua, o ya, si estos han sido localizados en tierra -bien por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o por parte de algún ciudadano que avista la llegada- son trasladados al punto de atención humanitaria de Cruz Roja en el que se les realiza un primer control sanitario y humanitario, ya que muchos de ellos suelen presentar hipotermia o deshidratació.
Una vez superado este primer trámite, los inmigrantes son puestos bajo custodia de la Policía Nacional que es quien tiene las competencias en materia de Extranjería. De este modo, quedan bajo su custodia durante un máximo de 72 horas y lo hacen en comisarías o dependencias policiales -en caso de ser un número bajo- o en el cuartel de Son Tous, ya habilitado, en caso de llegar en una oleada masiva.
Custodia -precisan fuentes de Delegación de Gobierno- que no significa detención ya que estas personas no están cometiendo más que una falta administrativa: caso distinto es el de los patrones de las pateras a los que sí que se les acusa del delito de favorecimiento de inmigración irregular.
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Sólo en caso de ser menores de edad -extremo que se verifica con un estudio biométrico de los huesos- quedan automáticamente en manos del correspondiente Consell insular.
En todo este proceso, cuentan con el apoyo y los servicios de un intérprete y el asesoramiento jurídico de profesionales para asegurar un trato ajustado a derecho.
Inmediatamente después, se activa al IbSalut y se les practica las pruebas de detección del Covid para, en caso de dar positivo, ser internados en un centro de confinamiento -hospital, clínica, hotel Covid, etc.- o si se es contacto estrecho por haber viajado en la misma embarcación, realizar la oportuna cuarentena. Una vez finalizado este paréntesis sanitario, el proceso de devolución sigue adelante.
Sigue adelante al igual que para los inmigrantes que se bajan de la patera y dan negativo en coronavirus. Para todos ellos, el dispositivo de retorno a su país se acciona inmediatamente desde un juzgado. Una vez tomadas las huellas y los datos de cada inmigrante, la Policía Nacional los pone a disposición judicial y la autoridad dictamina, tras el informe a favor de Fiscalía, su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la Península (Barcelona, Valencia y Madrid), en el que estarán ingresados durante un máximo de 60 días antes de ser devueltos a Argelia.
Pero esto sólo se da si hay espacio en el CIE ya que, debido a oleadas de pateras simultáneas y las plazas limitadas, pueden darse momentos de saturación. También puede ocurrir que, por motivos extraordinarios como una pandemia, el país emisor de estas personas cierre sus fronteras y por ende, imposibilite el reingreso de sus ciudadanos.
En este escenario -que es el en el que Baleares se ha movido en los últimos tiempos hasta esta última llegada masiva de inmigrantes- el único camino viable es el de la puesta en libertad de estas personas transcurridas las 72 horas máximas de custodia policial porque, como destacan desde Delegación de Gobierno, son "personas libres, no han cometido ningún delito", si bien se les abre un expediente por entrada irregular.
Y una vez en la calle, ¿qué hacen?: Pues la inmensa mayoría de ellos continuar con su camino que acaba en Francia o Bélgica. El grueso de los inmigrantes que llegan a Baleares lo hacen con el objetivo de reagruparse con familia o amigos que ya están asentados en el norte de Europa y por tanto, en cuanto quedan en libertad en Palma o Ibiza, toman un ferry rumbo a la península.
Otros, los que no pueden afrontar más gastos -pagan entre 1.000 y 1.500 euros a las mafias para que les lleven de la costa argelina a tierra balear- quedan a cargo del denominado "sistema de ayuda humanitaria": una red de ONGs que, bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, gestiona el día a día de estas personas. Se les proporciona un centro de acogida y alimento hasta que emprenden, de nuevo, su vida. Sólo en Mallorca, Cruz Roja ofrece alrededor de 40 plazas y cuando estas se agotan son trasladados a centros humanitarios de otras comunidades autónomas.
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