El PSIB apuesta por que solo se reconviertan locales que lleven 4 años vacíos

El PSIB ha presentado este martes las enmiendas que ha elaborado al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda lanzado el pasado mes de octubre por el Govern. Entre sus propuestas, destaca una limitación a los locales comerciales que pueden convertirse en vivienda. Así, para los socialistas, este cambio de uso solo debe producirse "siempre que el local haya estado vacío o no haya tenido actividad durante los cuatro años anteriores a la solicitud", según ha explicado la diputada Mercedes Garrido.

"Así evitaremos lo que está pasando: se están incrementando los precios de alquiler de muchos locales comerciales ya que los propietarios plantean a los arrendatarios que o les pagan un alquiler más alto o rescinden el contrato y lo dedican a vivienda", ha precisado Garrido, para quien esta enmienda "es una manera de proteger el tejido comercial de la comunidad".

Una vez convertidos los locales en vivienda, el Decreto Ley permite también que sean divididos. En este caso, la propuesta del PSIB pasa por "garantizar que las viviendas tengan al menos 50 metros cuadrados útiles". El texto a enmendar plantea que sean 60 metros cuadrados edificables, pero, según el PSIB, ello "se traduce en 40 metros cuadrados útiles, lo que no es suficiente para que una persona pueda desarrollar su proyecto vital".

Respecto a la división de viviendas ya existentes de gran tamaño que también permite el Decreto Ley, el PSIB propone que el resultado de esa división sea como mínimo de 90 metros cuadrados, "para evitar que se hagan pequeños apartamentos de 30 o 40 metros cuadrados", ha apuntado Garrido.

Por otro lado, Garrido ha señalado que también proponen la eliminación de la vivienda de precio limitado para contemplar únicamente la figura de la vivienda de protección oficial, "que ya está regulada y no necesita una nueva propuesta". Apuestan también por modificar las condiciones para acceder a este tipo de vivienda, ya que "ahora no hay requisitos de renta que faciliten acceder a ellas a quienes más lo necesitan".

Asimismo, los socialistas apuestan por que "las administraciones locales tengan que destinar el 1 por ciento de su presupuesto a adquirir suelo para hacer VPO y que el Govern tenga que hacer lo mismo en el suelo que les hayan cedido los ayuntamientos o en el que haya adquirido". Contemplan también que "cuando se hagan planes parciales o desarrollos urbanísticos, sea necesario hacer una cesión de aprovechamiento urbanístico del 20 por ciento a las administraciones públicas", y que cuando se clasifiquen nuevos suelos residenciales, "al menos el 50 por ciento se tenga que destinar a vivienda protegida y, de esa proporción, el 50 por ciento sea para régimen de alquiler".

Las propuestas del PSIB incluyen también la creación de un seguro público que garantice el cobro del alquiler a los propietarios, pero solo si éstos cumplen algunos requisitos: que la renta a pagar esté por debajo del 30 por ciento de los ingresos familiares, que hayan hecho el depósito oficial de la fianza y que cobren una renta que pueda considerarse "ética".

Finalmente, el PSIB planteará varias enmiendas de adición para trasladar la ley de vivienda de ámbito estatal a la regulación autonómica. Así, pide que se dé seis meses al Govern para que declare qué zonas están tensionadas "y mientras lo hace, que los municipios con más presión, los de más de 25.000 habitantes, se declaren ya como zonas tensionadas, lo que afectaría a Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Ibiza, Santa Eulalia, Mahón, Ciutadella y Formentera".