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El escándalo de la prostitución de menores del IMAS llega al Congreso de los Diputados
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El escándalo de la prostitución de menores del IMAS llega al Congreso de los Diputados

Por Redacción
jueves 06 de febrero de 2020, 20:53h

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La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo; la vicesecretaria del grupo parlamentario, Cuca Gamarra; las portavoces adjuntas Sandra Moneo y Pilar Marcos, y las diputadas Marga Prohens y Alicia García, han firmado una PNL que contempla un paquete de medidas con el objetivo de "evitar la repetición" de los casos de prostitución sexual de menores tutelados acaecidos en Mallorca, de los que habrían sido víctimas menores tutelados por el IMAS.

El PP en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) que contempla un paquete de medidas con el objetivo de "evitar la repetición" de los casos de prostitución de menores tutelados.

En referencia a los hechos acaecidos en el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), donde la consellera Fina Santiago ha reconocido la existencia de 16 casos de estas características, el PP ha denunciado este jueves la "ocultación" de los hechos "para evitar el escándalo".

La iniciativa de los populares recoge la aprobación de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que, según los representantes del PP, el anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy dejó "preparada y consensuada", en colaboración con organizaciones instituciones como Save The Children y la Cátedra Santander de la Universidad de Comillas, "y que el Ejecutivo del PSOE no ha mostrado voluntad de desarrollar".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; la vicesecretaria, Cuca Gamarra; las portavoces adjuntas Sandra Moneo y Pilar Marcos, y las diputadas Marga Prohens y Alicia García, han firmado la PNL.

Por otra parte, y después de una reunión con la Plataforma de la Infancia, los populares han propuesto el desarrollo de "todas las medidas contra la trata de mujeres y niñas" contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

También han exigido, entre otras propuestas, "revisar y actualizar los protocolos" con los que cuenta el Observatorio de Infancia, así como "mejorar la formación especializada en menores que reciben jueces y fiscales".

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