Un plan necesario que podía haberse aprobado antes

El Gobierno central dio luz verde este martes al paquete de medidas acordado para paliar la subida del combustible y sus efectos en la práctica totalidad de los sectores productivos del país. El plan llega con semanas de retraso y tendrá como fecha de caducidad el 30 de junio, pero toda ayuda debe ser bien recibida en la situación en la que se encuentran actualmente familias y negocios. El paquete nacional -al que se suma Baleares con una aportación adicional de 100 millones- incluye ayudas directas por valor de 6.000 millones y créditos blandos por otros 10.000 millones, cantidades que deberían servir para aliviar la grave crisis inflacionaria que sufre el país.

Entre las medidas aprobadas, la más notoria es la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina que se aplicará a todos los ciudadanos, ya sean transportistas profesionales o conductores particulares. También se incluye la limitación al 2 por ciento en las subidas de los alquileres de vivienda y el aumento de un 15 por ciento en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital que cobran las familias más vulnerables.

Este plan llega de forma independiente a la petición a Europa para que se excluya a España y Portugal del sistema de fijación de precios de la electricidad, que -aunque acordado ya en el seno de la Unión Europea- aún está por presentar ante los órganos comunitarios que deberán dar el visto bueno final. Es decir, que las medidas puestas en marcha por el Gobierno esta semana bien podrían haberse implementado con anterioridad, reduciendo el gran sufrimiento social ocasionado, y evitando, quizá, la propia huelga de transportes que aún colea.

En todo caso, el plan debe pasar ahora el refrendo del Congreso de los Diputados, por lo que convendría que tuviera el mayor apoyo posible para su más inmediata y efectiva aplicación. Eso significa que también la oposición debe respaldar el plan, como ya ocurrió con el apoyo mayoritario de las primeras medidas aprobadas en el inicio de la pandemia del coronavirus; una medidas que se iniciaron también con una fecha de aplicación concreta que, sin embargo, se fue ampliando posteriormente, según la evolución de la enfermedad. Algo similar debería ocurrir con las nuevas medidas antiinflacionistas si el escenario de precios del próximo 30 de junio no es mejor que el actual.

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