Ni uno ni otro han detallado los instrumentos con los que se podrá actuar a partir de ahora contra problemas comunes como los trileros, el botellón o la venta ambulante. De momento se quedan con que la anulación judicial de la Ordenanza Cívica no deja vacío legal.
La delegada del Gobierno en Balears, Teresa Palmer, y el alcalde de Palma, José Hila, han mantenido una reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno para tratar la reciente sentencia del TSJIB que anula la Ordenanza cívica municipal del Cort, tras la que han coincidido en que "en ningún caso hay vacío legal", ya que "existe otra legislación estatal y municipal para actuar contras las conductas incívicas de forma coordinada".
Así lo han destacado tras las consultas previas con los servicios jurídicos de ambas administraciones, según han informado en un comunicado.
En concreto, de ámbito estatal están en vigor la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 7/1985 y la reciente Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, mientras que una vez sea firme la derogación de la última ordenanza municipal quedaría en vigor la aprobada en 2011 de uso cívico de espacios públicos o la de 2012 de ocupación de vía pública.
Por otra parte, ambos dirigentes han acordado explicar toda esta normativa en una próxima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Playa de Palma a la que asistirán empresarios y vecinos de la zona turística, con el objetivo de trasladar un mensaje de tranquilidad en tanto que la Policía Local y la Policía Nacional cuentan con amparo legal para actuar la próxima temporada contra la delincuencia.
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