Okupas: un problema social que crece

Y no son todas. Más allá de este registro estarían las ocupaciones en el resto de municipios, las que no trascienden ya que se gestionan de manera particular (previo pago para abandonar la casa) y las de pisos de bancos, el principal foco. En este último caso, la cuantificación es más costosa y la recuperación de la vivienda va directamente por la vía judicial. De este modo, las cifras totales se disparan y la psicosis de propietarios y vecinos tocan techo.

Por años, en 2016 la capital balear registró 10 'patadones' con violencia y 44 entradas ilegítimas sin intimidación; en 2017 las cifras aumentaron hasta las 23 usurpaciones y 39 ocupaciones; en 2018, fueron 14 y 45 y sólo en lo que llevamos de año, ya se han producido 17 entradas violentas y 10 ocupaciones.

En cuanto al cómputo de Baleares, los registros policiales que recogen los casos de Palma, Manacor, Ibiza y Menorca reflejan 62 casos en 2016, 80 en 2017, 83 en 2018 y 37 en el presente año.

Barrios como Son Gotleu, Camp Redó, Verge de Lluc o Playa de Palma sufren prácticamente a diario asentamientos ilegítimas o intentos, pero zonas de poder adquisitivo más alto son también pasto de esta problemática.

Es el caso de unas viviendas de lujo en Son Armadans, empleadas como campo base de un grupo de ladrones de piezas de coches. Entraron, se asentaron y durante meses hicieron uso de zonas comunes, desde el garaje a la piscina. Los vecinos, hartos de su impunidad, contrataron a vigilantes de seguridad para dificultarles la estancia. Una vez más, la comunidad tuvo que afrontar este gasto extraordinario.

Porque la gran lacra social que entraña el fenómeno -más allá de la interminable pesadilla para el propietario- son los problemas de conviviencia que genera entre vecinos: enfrentamientos, peleas, amenazas, enganches a la luz y el agua que pueden derivar en apagones y facturas desorbitadas...

La historia más reciente y representativa es la del okupa violento de Son Oliva, detenido dos veces en menos de 24 horas: primero, por agredir y encerrar a un técnico de la luz cuando se disponía a cortarle el suministro. Después, por volver al mismo piso nada más salir del Juzgado y resistirse a colaborar con la Policía cuando los agentes le pedían que se identificase. Previamente, había amenazado a su ya amenazada comunidad "por no dejarle acceder libremente" a la planta baja.

Ante esta sensación de impunidad, ¿qué hacer si entran en mi casa?

Fuentes oficiales consultadas por este diario recomiendan llamar inmediatamente a la Policía Nacional o Guardia Civil y acreditar con documentos oficiales la titularidad del inmueble y las pertenencias. La Policía Nacional asegura la recuperación de las casas habitadas en cuestión de horas.

Es el caso de un jubilado de Palma cuyo piso en las inmediaciones de la calle Manacor fue asaltado el mes de diciembre pasado.

El hombre llamó al 091 alertando de un robo en su domicilio y al llegar la dotación policial, se encontraron con los intrusos aún dentro. El hombre reconoció que tenía intención de okupar la vivienda y un familiar aseguró que habían cerrado un acuerdo verbal con otra persona, a la que le iban a pagar 1.000 euros por un supuesto alquiler. Finalmente y gracias a la intermediación de la Policía, accedieron a abandonarlo aunque horas más tarde regresaron y lo hicieron acompañados por una plataforma antidesahucios. Los agentes tuvieron que volver y esta vez sí, el altercado acabó con varias personas identificadas y material para desmontar bombines requisado.

Sin embargo, no todas las historias tienen final rápido y feliz. En multitud de ocasiones, la intervención policial no llega a tiempo y una vez asentados en la vivienda, sólo queda recurrir a la vía judicial, mucho más lenta y costosa.

Hay que recordar que la ocupación ilegal de viviendas está recogida en el Código Penal y el artículo 245 dispone las penas para ello: de uno a dos años de prisión "para el que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena", y multa de tres a seis meses para el que ocupe sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular.