Resulta, cuando menos, divergente la visión que la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, tiene sobre los centros educativos de nuestra comunidad.
Según su partido -en liquidación, al menos en Balears-, los problemas de nuestro sistema educativo radican en que en los colegios e institutos no ondean las banderas española y de la comunidad autónoma y en que solo un pequeño porcentaje de familias ejerció su derecho a escoger como lengua de primera enseñanza -o sea, de aprendizaje de la lectoescritura- el castellano.
Si se precisan más profesionales, si muchos centros públicos necesitan reformas urgentes, si faltan plazas gratuitas de 0-3, si nuestros resultados PISA son francamente mejorables, si la concertada sigue a años luz en inversión pública por alumno, etc., todo eso son detalles que no le interesan lo más mínimo al partido verde (y tan verde).
Reducir la presencia de la lengua catalana y aumentar la de la bandera española son las dos obsesiones-propuestas de Vox para mejorar la enseñanza y los resultados académicos de nuestros jóvenes. Con lo fácil que era, y llevamos 26 años desde que se transfirieron las competencias educativas a la CAIB y ni un solo conseller del ramo ha sabido verlo, qué cosas.
Como ejemplo, un botón: Cuando se estaba debatiendo el proyecto de Llei d’Educació de les Illes Balears del conseller Martí March, ¿saben ustedes cuántas enmiendas y propuestas presentó Vox al texto -hoy vigente-? Lo han adivinado, ni una. Su postura fue que no tenía que haber ley. De trabajar para mejorar la educación y su marco legal, ni hablar. Ni un minuto dedicaron a ello.
Pero vayamos por partes. Con relación a la libre elección de lengua en la primera enseñanza, conviene recordar a la Sra. Cañadas que hace 38 años que el Parlament aprobó unánimemente la Llei de Normalització Lingüística que estableció tal derecho, y otros 20 desde que el conseller Francesc Fiol reguló su ejercicio mediante una Orden. Ninguna norma prevé que los padres sean ‘obligados’ a optar entre una y otra lengua, sino que lo que establece la Orden es que aquellos padres que quieran ejercer tal opción, deben presentar una solicitud ad hoc en el momento de formalizar la primera matrícula de sus hijos, que se produce, normalmente, a los 3 años de edad.
Si muchos centros incluyeron una casilla específica en la matrícula y otros tantos elaboraron un formulario para facilitar el ejercicio de ese derecho no fue en cumplimiento de una inexistente obligación legal, sino atendiendo a una sugerencia de la Conselleria. La Presidenta Marga Prohens y su conseller Antoni Vera, pues, cumplieron sobradamente con el compromiso asumido en el pacto de investidura, que no conllevaba ninguna modificación normativa. Afirmar, como hace Cañadas, que 136 centros impidieron el ejercicio del derecho a las familias es, además de una total falsedad, un disparate que denota una preocupante falta de conocimiento de la legalidad vigente. Bien al contrario, no ha trascendido ni una sola familia que quisiera ejercer ese derecho se haya visto privada del mismo.
Si los números no le salen a la portavoz de Vox quizá sea porque los calculó rematadamente mal o, tal vez, porque, en general, los padres, cuando escogen el centro para sus hijos -decisión crucial para cualquier familia-, ya tienen en cuenta su proyecto lingüístico y se fían de los profesionales que lo dirigen.
Lo de las banderas es un debate que, desde luego, no va a resolver ni uno solo de nuestros problemas escolares. Naturalmente que en la sede de un organismo público deben ondear las banderas oficiales -de España, de la CAIB, de la isla respectiva y, si se quiere, de la UE y del pueblo o ciudad-, pero a Vox -como a los nacionalistas- le interesan únicamente las banderas como elementos de confrontación ideológica, de ahí que intenten apropiarse de la que es de todos los ciudadanos.
En cuanto a los colegios concertados, no está de más recordarles que se trata de entidades privadas. El hecho de que las enseñanzas regladas estén sostenidas con fondos públicos no los convierte en dependencias de la administración, por lo que no existe obligación legal alguna de que exhiban banderas oficiales, aunque lógicamente pueden hacerlo al igual que cualquier otros ciudadano u organización españoles.