100.000 euros más que las organizaciones empresariales es lo que recibirán los sindicatos de mano del gobierno de Armengol para pagar sus gastos corrientes de funcionamiento. A 416.000 euros asciende la 'ayuda' que el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Nereguela, ha aprobado para hacer más fácil la vida de los sindicatos y de los sindicalistas que viven de él. Esta importante suma de dinero público se suma a los 312.000 que recibirán las asociaciones patronales para, a su vez, pagar las facturas y recibos del mantenimiento y el propio funcionamiento ordinario de sus sedes.
Era una cuestión de tiempo que se supiera con cuántos cientos de miles de euros el gobierno Armengol 'riega' a los sindicatos "más representativos" de las islas para que no paguen de sus bolsillos las facturas y recibos de sus sedes sindicales. La cantidad que subvenciona "el hecho sindical" desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 31 de octubre es de 416.000 euros; una cifra que supone cubrir prácticamente la totalidad de los gastos corrientes de los dos sindicatos con más representantes en los comités de empresa: el comunista CCOO y el socialista UGT.
Si a estos miles y miles de euros se añaden los que el consejero Iago Negueruela otorga a las asociaciones empresariales (312.000 euros) el gasto público para el mantenimiento de los interlocutores del 'diálogo social' se acerca a los 730.000 euros.
La ayuda a los sindicatos podría entenderse por la cada vez menor recaudación de cuotas de afiliados y el alto coste de mantenimiento de sus espectaculares inmuebles; no así, la ayuda a los empresarios, a los que se les supone con cierto nivel de poder adquisitivo como para financiar los gastos de sus sedes sociales. Y a pesar de la crisis, y de las necesidades en áreas como la sanidad, servicios sociales y dependencia, las asociaciones de patronos no renuncian a recibir este dinero público.
El pasado día 19 este digital publicó en primicia que el Govern había empezado a 'echar una mano' a sindicatos y empresarios con el reparto de 500.000 euros. La cifra que se dio era inferior a la real porque Trabajo no facilitó el total de la ayuda a las organizaciones sindicales y sólo se supo que se fijó un máximo de 15.000 euros para cada una de ellas.
La Constitución recoge en su articulado que estos agentes socioeconómicos "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". En base a este concepto intangible, poco definido y, a la vez, sutil se justifica el riego constante de millones de euros anuales a estas organizaciones de trabajadores, constituídas en teoría para proteger los derechos y promover los intereses de sus miembros en lo que respecta al salario, las prestaciones y las condiciones de trabajo. Nada más. Pero su ámbito de influencia pretenden extenderlo allá donde puedan poner una pica: modelo económico del Estado, la ecología, el feminismo o la memoria democrática.
Se pueden conceder ajudas para pagar nóminas, alquiler de sedes sindicales y empresariales; gastos de reparación y conservación de instalaciones y de equipos de oficina; servicios profesionales independientes; primas de seguros; gastos de publicidad y propaganda; material de oficina, fotocopias e imprenta; gastos de comunicaciones y suministro (electricidad, agua, teléfono, Internet, correo, mensajería y similares) y cuotas de subscripción a publicaciones... etc. Prácticamente, se subvenciona toda la actividad organizativa. Las ayudas se distribuyen en proporción a los resultados obtenidos por sindicatos y organizaciones sindicales en las elecciones a órganos de representación unitaria de los trabajadores en las empresas, y en los correspondientes órganos de representación de las administraciones públicas. Del mismo modo, las asociaciones patronales con presencia en la mesa de diálogo donde también se sienta el Govern y los representantes de los trabajadores.
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