Parte de los 25 acusados que no han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía en el macrojuicio a varios clanes de narcotráfico de Mallorca han optado por contestar solamente a las preguntas de sus defensas para desvincularse de las supuestas actividades de venta de droga. Este miércoles ha continuado el macrojuicio que se inició el pasado lunes en la Audiencia de Palma. Ese día, buena parte de los 72 encausados en este procedimiento alcanzaron acuerdos con el fiscal para lograr rebajas en las condenas, reconociendo los delitos que se les imputan.
El juicio ha proseguido con la presentación de cuestiones previas por parte de los abogados, que han pedido anular parte de la causa por supuestas irregularidades en las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios, según han informado a Europa Press fuentes próximas al procedimiento. Los alegantes consideran que se aprobaron 'pinchazos' telefónicos sin indicios suficientes y también han argumentado que se produjo una duplicidad de actuaciones en varios Juzgados durante la instrucción del caso.
Después del trámite de cuestiones previas han comenzado los interrogatorios a los 25 acusados que no han alcanzado acuerdos con Fiscalía. Ninguno de ellos ha querido contestar al fiscal y algunos han respondido a las preguntas de sus defensas, cuyo objetivo es demostrar que sus representados no estarían implicados en el tráfico de droga, ya que no se les intervino cantidad alguna de sustancia o, en todo caso, fueron remesas muy escasas que podrían estar destinadas al consumo propio. Los letrados entienden que no hay prueba suficiente para una condena por tráfico de drogas para estas personas. Este jueves concluirán los interrogatorios de los acusados y, más adelante, se continuará con las declaraciones de los investigadores del caso.
Para este juicio, originalmente la Fiscalía pedía penas que, en conjunto, sumaban los 490 años y medio de cárcel, y multas desde 1.200 euros hasta 1,2 millones, por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Con todo, el cómputo final será inferior, puesto que los acusados que han firmado acuerdos y han reconocido los hechos han visto reducida la pena de prisión que se les pedía.
El elevado número de intervinientes, entre acusados, abogados y personal de Justicia, está obligando a la Audiencia a celebrar el juicio con el uso simultáneo de diversas salas. El público, incluida la prensa, no tiene permitida la entrada. Con todo, los acusados que pactaron con Fiscalía ya no tienen la obligación de seguir asistiendo al resto de sesiones del juicio.
El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados se dedicaron a la venta de droga durante varios años hasta que fueron detenidos tras una investigación de la Guardia Civil. Los investigadores constataron que estas personas, relacionadas con distintos clanes de narcotráfico, se integraban en grupos que operaban tanto dentro de sus propios círculos como en conexiones entre sí.
Así, la Fiscalía señala al 'clan de la Carmen', encabezado por la matriarca, C. S. H., con la ayuda de su hermana e hijas, y en el que se integraban varios de los acusados. El Ministerio Público sostiene que regentaban distintos puntos de venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís en Palma. Según la Fiscalía, varios de sus miembros mantenían contacto con integrantes del 'Clan de Andújar', asentado en Son Banya, para aprovisionarse de droga. Al frente de este clan sitúa a C.A.M., y sostiene que daba instrucciones a su mujer desde la cárcel de Palma para dirigir la organización.
Además, la Fiscalía también señala a miembros del 'clan de la Eva', el 'clan del Moreno', 'el clan del Seco' y el 'clan del Pitillo' dentro de esta estructura de contactos. El fiscal detalla que, con esta red, la actividad de los clanes abarcaba no sólo Palma, sino también otros municipios, como Inca, Algaida y Marratxí.
Por otra parte, uno de los acusados se enfrenta a un delito de atentado por abalanzarse armado con un cuchillo, durante un registro, contra un agente de la Guardia Civil. El intento de apuñalamiento impactó en el escudo de protección del funcionario policial y, seguidamente, el sospechoso se refugió en una habitación de la vivienda, de la que finalmente salió esgrimiendo el arma. No obstante, la Guardia Civil logró reducirlo.
Varios acusados también se enfrentan a una condena adicional por posesión de armas, habiendo sido intervenida una pistola de nueve milímetros que uno de los acusados había entregado a otro de los procesados antes de huir a Albacete, donde fue detenido. Igualmente, se hallaron, en los diveresos registros domiciliarios, armas simuladas de tenencia prohibida.
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