La modificación definitiva del Plan General de Palma en la zona de Llevant, que será aprobado en plenario el próximo 25 de febrero, contempla una superficie de 68.858 metros cuadrados dividida en tres subámbitos. El primero de ellos lo conforma una espacio libre público de 21.541 cuadrados, en los que Cort podrá habilitar zonas para equipamientos de tipo sanitario o culturales como un Casal de Barri.
El segundo subámbito, espacio zonal delimitado por la Avenida de México y calles Brotard, Joan Maragall y Puerto Rico, lo componen solares propiedad de Endesa y Mapfre. Por último, el tercer subámbito, situado entre la Avenida de México y Vía Litoral, está compuesto por varios solares de propiedad privada, salvo alguno del Ibavi. Estos dos último subámbitos, 74.700 metros cuadrados, anteriormente de propiedad municipal y ahora privados, serán destinados a edificos residenciales, en los que se podrán contruir hasta 934 viviendas.
El ayuntamiento mantiene el objetivo de hacer visible en los próximos 8 años el futuro proyecto del distrito de innovación del Nou Llevant, con el que se pretende impulsar el cambio de modelo productivo de Ciutat. En la zona se ubicará el centro tecnológico de energías renovables y otros edificios tecnológicos. El consistorio también dispondrá en la zona, en régimen de alquiler, de 3.600 metros cuadrados para actividades económicas relacionadas con el distrito innovador de Llevant.
El futuro Plan General de la zona reconoce y avala la titularidad del edificio de Gesa, aunque no se le permite un uso residencial o turístico. Por ello, y dado que en su día la valoración fue a la baja, se reconoce a Gesa sus derechos edificativos por lo que sí se le permite construir un nuevo edificio con una superficie de 5.300 metros cuadrados que será utilizado por la empresa para equipamientos privados. Además, Gesa también podrá construir un aparcamiento subterráneo con capacidad para 200 plazas.
En el actual edificio de Gesa, al estar catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), tan solo se permitirá utilizar algunas de las plantas para usos administrativos o como espacios de "coworking".
La aprobación definitiva del PGOU en esta zona, abre el camino para acabar definitivamente con los numerosos litigios que suponen para el Ayuntamiento de Palma un volumen de reclamaciones de más de 50 millones de euros. Esta cantidad podría derivarse de actuaciones ejecutadas desde 2008 en cesiones de patrimonio, gastos de urbanización, renuncias y otros pagos que ha ido asumiendo el consistorio.
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