Los detenidos pertenecen a nacionalidades diversas: dos españoles, un italiano, dos venezolanos y cinco colombianos. Su arresto se ha producido dentro de la denominada ‘operación arco’, que ha investigado la existencia de una organización criminal dedicada supuestamente a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en Ibiza, actividad que se llevaba a cabo en pisos particulares.
Dentro del contexto de esta operación policial, se llevaron a cabo seis registros, cuatro de los cuales tuvieron lugar en pisos utilizados como prostíbulos y otros dos en domicilios de los detenidos. Según la Policía Nacional, la práctica de utilizar viviendas particulares para el desarrollo de actividades relacionadas con la prostitución se ha visto incrementada en los últimos años, y todavía más desde el inicio de la pandemia, que ha motivado el cierre de buena parte de los establecimientos en los que anteriormente se facilitaba este tipo de oferta.
La investigación apunta que la red explotaba sexualmente a las mujeres no solo en pisos de alterne de Ibiza, sino también en ciudades y localidades de la península.
En el trascurso del operativo policial se ha intervenido, como resultado en los registros domiciliarios, cerca de 35.000 euros en efectivo, además de otros 900 euros en moneda extranjera. El material requisado comprende también ordenadores de alta gama, cámaras sofisticadas, documentación con anotaciones y datos reveladores de las actividades que se llevaban a cabo, así como teléfonos móviles utilizados para los contactos sexuales y que servían para publicitar los servicios.
Al mismo tiempo, la Policía Nacional ha intervenido dosis diversas de sustancias estupefacientes, supuestamente cocaína, en una cantidad aproximada de 100 gramos. Las pesquisas invitan a suponer que la droga era ofrecida a los clientes y también era facilitada a las víctimas, incluso contra su voluntad.
La organización estaba perfectamente estructurada, con una cúpula formada por tres personas (dos hombres y una mujer) que dirigían en todo momento la actividad delictiva. En este nivel de mando se tomaban las decisiones sobre captación de nuevas mujeres, localización de nuevas viviendas y publicidad de los contactos sexuales a través de distintas páginas web. Igualmente, estos tres detenidos se ocupaban de gestionar y blanquear los ingresos obtenidos.
En un segundo escalón, otras personas de confianza se encargaban de obtener las recaudaciones y de presionar y coaccionar a las mujeres, mientras que, en un nivel inferior, se hallaban las encargadas, que se dedicaban a controlar férreamente los contactos de las víctimas y los cobros a los clientes.
Aún en una posición más baja dentro de la organización actuaban los transportistas, cuyo cometido era el de recoger y trasladar a las mujeres, tanto a su llegada a Ibiza como cuando abandonaban la isla. Igualmente, formaba parte de sus obligaciones acompañarlas en las salidas de las viviendas para mantener relaciones sexuales con los clientes, dando cuenta, posteriormente, de todos los detalles relacionados con la actividad mujeres, como el tiempo que permanecían fuera del piso de alterne y los lugares a los que se habían dirigido.
Finalmente, otras personas pertenecientes a la organización favorecían el blanqueo de los ingresos obtenidos mediante empresas de hostelería establecidas en la isla que eran regentadas por los propios responsables de la organización.
Las mujeres eran captadas por la banda aprovechando su situación de especial vulnerabilidad, ya que se trata de personas que carecían de recursos económicos que debían hacerse cargo de numerosas cargas familiares.
En los pisos, las victimas vivían hacinadas en habitaciones en las que se habían habilitado literas. Estos pequeños habitáculos eran los únicos espacios de que disponían para dormir y realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, en algunas ocasiones, las mujeres se veían obligadas a dormir y descansar en el suelo en la cocina para dejar las habitaciones libres y que éstas fueran utilizadas para los contactos sexuales, los cuales podía tener lugar en cualquier momento del día y la noche.
Precisamente, una de las condiciones que se les imponía a las víctimas es que se hallaran disponibles para los servicios durante las 24 horas de la jornada, y apenas se les concedía dos horas diarias para descansar. En el transcurso del tiempo restante, debían permanecer, en todo momento, maquilladas y preparadas por si eran requeridas por algún interesado. Si no cumplían con las normas, o no accedían a prestar favores sexuales a un determinado cliente, los responsables de la banda les imponían sanciones que adoptaban diferentes formas.
Los castigos más usuales tenían que ver con multas sobre los ingresos que debían percibir, aunque también podía ocurrir que se las abandonara literalmente en la calle para que las víctimas, todas ellas recién llegadas a Ibiza, tuvieran que encontrar el camino de vuelta sin ningún tipo de información ni referencia.
Los cobros a los clientes eran efectuados directamente por miembros de la organización, que se quedaban con el 50 por ciento de los ingresos. Sin embargo, era usual que la banda aplicase sanciones o multas que hacían decrecer las ganancias de las mujeres recurriendo al argumento de que habían incumplido las normas. También podía ocurrir que alegaran no haber recibido ningún pago por parte del cliente.
En el transcurso de las investigaciones, la Policía Nacional ha podido comprobar que la organización estaba en un momento de plena expansión. Disponía de otras viviendas en varias localidades de la península y seguía buscando nuevos inmuebles y locales, tanto en Ibiza como en otras poblaciones españolas, con el fin de ampliar sus actividades.
Los investigadores también han confirmado que el entramado empresarial utilizado para el blanqueo de los ingresos obtenidos de la actividad ilícita crecía considerablemente en forma de nuevas sociedades que debían facilitar la expansión del negocio.
Los líderes de la organización residían en viviendas de lujo, llevaban un alto nivel de vida, y el principal organizador de la red viajaba continuamente a la península con la intención de desplazar a las mujeres cambiándolas de piso para dificultar su detección y localizar nuevas casas.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado 8 de enero, decretando el juez el ingreso en prisión de cuatro de los principales responsables de la organización. No obstante, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.