Un país confinado y miles de viviendas vacías. Podría parecer el momento idóneo para "pegar el patadón" y hacerse con una casa de manera ilegal pero, a tenor de los datos oficiales, el confinamiento decretado por el estado de alarma no ha favorecido la okupación en los principales núcleos urbanos de Baleares.
mallorcadiario.com ha tenido acceso a las denuncias presentadas ante la Policía Nacional desde el 15 de marzo hasta el 15 mayo -es decir, el tramo más duro de la cuarentena- y en sus cinco demarcaciones -Palma, Manacor, Eivissa, Maó y Ciutadella- se han registrado menos que en el mismo periodo del año pasado: 13 denuncias de particulares frente a las 15 de 2019.
Por ciudades, en Palma se han presentado siete al igual que el año pasado en las mismas fechas: siete también. En Eivissa, cuatro frente a las seis del período anterior; en Maó mismo número: una denuncia este año frente a una del año pasado y en Ciutadella, ninguna ni en 2020 ni en 2019.
Manacor es el único núcleo en el que sí se observa un aumento aunque en cómputo total, no representa una amenaza seria: cuatro denuncias durante el estado de alarma frente a una del mismo tramo del año pasado.
Las fuentes policiales consultadas no dudan en apuntar a la instrucción de Fiscalía Superior de Baleares como "herramienta determinante" en el comportamiento de las cifras, incluso en una época propicia para la okupación de viviendas dada la prohibición de desplazamientos decretada por la expansión del coronavirus.
Una orden emitida hace un año mediante la cual el Fiscal Superior, Bartolomé Barceló, instaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a actuar "directamente y de forma inmediata" sobre los okupas de casas habitadas y segundas residencias, desalojándolos sin necesidad de medidas judiciales.