Después de que la ministra de Defensa indicara que miembros de la Unidad MIlitar de Emergencias se estaban encontrando "ancianos abandonados o directamente muertos en sus camas" en ciertas residencias, este martes Delegación de Gobierno ha emitido un comunicado en el que recuerda que el Instituto Armado y la Policía Nacional continúan su ronda de visitas a mayores, tanto en centros residenciales como en sus propias casas.
Así, patrullas de ambos cuerpos, cada uno en su demarcación, están visitando las residencias de ancianos de las islas así como a vecinos de avanzada edad que viven solos en pisos y casas de campo, para comprobar que todo está en orden y no requieren de productos de primera necesidad o atención médica.
Asimismo, los agentes mantienen contacto telefónico permanente con grandes superficies y supermercados y también están coordinados con los
servicios farmacéuticos para cualquier actuación que pudieran llevar a cabo tanto de orden público como de auxilio para el transporte de mercancías, en cumplimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.
Por otro lado, este mismo martes se ha conocido la orden ministerial por la que de ahora en adelante las residencias de ancianos deberán comunicar de inmediato su eventual incapacidad para conservar o retirar cadáveres, como ya ha ocurrido en algunas instituciones según comprobaron efectivos de la UME.
Además, los centros residenciales deberán comunicar de inmediato a las comunidades autónomas así como a la Delegación de Gobierno que corresponda la concurrencia de otras situaciones excepcionales como la incapacidad, por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas o de otra índole, de cumplir especialmente en lo relativo a las normas de aislamiento.
También deberán comunicar cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y sostenimiento del servicio que se presta.
Las autoridades competentes valorarán la situación, y auxiliarán la misma de forma coordinada activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio. Realizada la intervención, la comunidad autónoma notificará la situación abordada, medios activados y situación final a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.