El área de Bienestar y Derechos Sociales instalará paneles informativos en los espacios que han quedado vacíos tras las demoliciones y un panel informativo a la entrada del poblado advirtiendo de la ilegalidad de las nuevas construcciones.
Hay que recordar que una vez concluida la primera fase las áreas de Bienestar y Derechos Sociales; Policía Local e Infraestructuras, acordaron un sistema de control del poblado para vigilar que las construcciones que se han derribado no se vuelvan a reconstruir.
Este control es efectivo con inspecciones continuadas en el poblado, por lo que se puede tener una información actualizada de posibles reconstrucciones. Desde el Área de Bienestar y Derechos Sociales y cuando se detecta una nueva reconstrucción, primero se pide a la familia infractora que detenga la obra de manera que se pueda evitar gastos innecesarios, en el caso de no ser atendido el ruego se procederá a la demolición inmediata, tal como ya se ejecutó con la tienda reconstruida el pasado 5 de abril, cuando el juzgado no vio impedimento legal para activar este procedimiento.
Durante la primera fase de desmantelamiento del poblado se han derribado un total de 42 albergues y un gallinero y quedan por derribar un total de 75 viviendas. La segunda fase de desmantelamiento tendrá un coste aproximado de 600.000 euros y se llevará a cabo entre 2019 y 2020.