Sin embargo, el Gobierno ha insistido en su propuesta aunque reconoce que estas circunstancias podrían llevarle a "a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo". El Gobierno ha dado un plazo de 15 días a la familia para que elija otro lugar de inhumación alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena y que sea "viable", lo que significa que “no plantee problemas de seguridad y de orden público como, alega el Ejecutivo”.