El decreto de lenguas se resume en lo siguiente: Los centros educativos de Baleares decidirán cómo se imparte la enseñanza de materias no lingüísticas en lenguas extranjeras, de acuerdo con el claustro de profesores y los órganos de gobierno y participación de la comunidad educativa.
Éste establece que la enseñanza de materias no lingüísticas en lenguas extranjeras será de carácter voluntario, mientras que los centros deberán cumplir con el decreto de mínimos.
El decreto será de aplicación en los centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, formación profesional, bachillerato y régimen especial sostenidos con fondos públicos.
El proyecto lingüístico del centro (PLC) debe incluir la organización de las lenguas de enseñanza del centro, lo que supone, además del catalán y castellano, la incorporación de la enseñanza de una lengua extranjera.
La presidenta Armengol ha asegurado que este decreto se ha redactado desde el "respeto y el consenso" con la comunidad educativa, atendiendo la "diversidad", al tiempo que se ha referido a la necesidad de "no volver a equivocarse" en la política lingüística tras recordar la manifestación de cien personas contra la gestión del anterior ejecutivo balear del PP.
Para el PP balear, esta decisión provocará "desigualdades" entre los escolares de la Comunidad Autónoma. "Es un decreto que no decreta. No hacía falta un decreto para decir que cada centro haga lo que quiera", declaró Prohens.