Las multas por tener la ITV caducada se disparan un 81 por ciento en Baleares

El dato es preocupante. En tan sólo ocho años -período entre 2015 y 2023-, las multas por no tener la ITV en vigor prácticamente se han duplicado en Baleares. La tendencia de las Islas va en la línea de la del conjunto del país, pero incluso supera la media nacional.

A nivel nacional, el número de multas por no llevar la inspección al día también ha crecido de manera significativa. En 2023 se impusieron 641.126 sanciones en todo el país, lo que representa un 62 por ciento más que en 2015, cuando se registraron 396.666. En el caso específico de Baleares, las sanciones aumentaron de 12.502 en 2015 a 22.649 en 2023, reflejando una clara tendencia al alza en el incumplimiento de esta obligación legal.

UN INCUMPLIMIENTO QUE COMPROMETE LA SEGURIDAD VIAL

El aumento de sanciones es el reflejo de un problema aún mayor: la alta tasa de incumplimiento de la ITV. Según datos del Ministerio de Industria y Turismo, en el último año, el 33,2 por ciento de los vehículos no pasaron la inspección dentro del plazo establecido. Esta situación genera una preocupación en el sector, ya que los vehículos sin una revisión técnica adecuada pueden ser un factor determinante en siniestros viales con víctimas mortales y heridos, además de contribuir a un mayor nivel de contaminación ambiental.

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos han advertido sobre los riesgos que supone esta falta de control en el parque automovilístico, recordando que una ITV caducada puede derivar en problemas mecánicos graves que pongan en peligro tanto al conductor como a otros usuarios de la vía pública.

MULTAS DE HASTA 500 EUROS

El incumplimiento de la inspección técnica del vehículo está tipificado como una infracción grave o muy grave dentro de la normativa de tráfico. Esto significa que los conductores que circulen con la ITV caducada se enfrentan a sanciones económicas que pueden oscilar entre los 200 y los 500 euros, dependiendo del caso.

La DGT insiste en la importancia de cumplir con este requisito, no solo para evitar multas, sino para garantizar la seguridad en las carreteras y reducir el impacto ambiental derivado de vehículos en mal estado.