“Si gana el primer juicio sólo cobrará un mes. Vendrá un segundo y un tercer despido”

Una denuncia presentada ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares en noviembre de 2024 asegura que hay constancia de que la directora de Servicios Corporativos de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegeram S.A. (Emaya), Nuria Gallego, en una reunión mantenida en su despacho con dos representantes del sindicato USTE en noviembre de 2022, afirmó: “Que dice que va a volver, ja, ja, ja, a dónde. Él se cree que va a volver a la empresa si gana el juicio pero va a tener muchísimos despidos. En el próximo Consejo de Administración se dirá que se ha demostrado el protocolo de prevención de acoso y se procede al despido. Porque hay mayoría en los grupos políticos del Consejo y votarán a favor”. Y añadió: “Si gana el primer juicio de despido sólo cobrará un mes de salarios de tramitación, ja, ja, ja. Vendrá un segundo y un tercer despido”.

La directiva de Emaya se refería al sindicalista Francisco S. R., delegado sindical del sindicato Unión Sindical de Trabajadores de Emaya Calidad Urbana USTE, asesor laboral del sindicato como graduado en relaciones laborales y recursos humanos, que fue despedido en enero de 2023.

UN DESPIDO DETRÁS DE OTRO

Nuria Gallego, que se incorporó a Emaya en 2018, siendo la presidenta Neus Truyol, es en la actualidad la responsable de los departamentos de Recursos Humanos, Económico Financiero, Servicios Jurídicos y Contratación de Emaya. Es licenciada en Derecho y diplomada en Relaciones Laborales. Como experta en derecho laboral, fue abogada del sindicato CSIF, por lo que conoce a la perfección los vericuetos y atajos legales que pueden tomarse para acabar con un trabajador, aunque posteriormente la Justicia tumbe el despido.

Así sucede en este caso, donde a pesar de que existe una sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Palma, de fecha 29 de julio de 2024, que declara nulo el despido y condena a Emaya “a proceder a la inmediata readmisión del trabajador demandante en su puesto de trabajo”, la empresa aplica un segundo despido para no readmitir al trabajador.

Como demuestra la conversación que consta en la denuncia formulada ante Inspección de Trabajo, Nuria Gallego no tiene la menor intención ni de cumplir con los pronunciamientos judiciales ni permitir que el trabajador despedido vuelva a Emaya, aunque el despido se haya producido con vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical, con condena a Emaya a indemnizar al despedido con 7.000 euros.

Y no sólo eso. Según ha podido saber mallorcadiario.com, tras la sentencia que obliga a la readmisión del sindicalista despedido, Emaya no depositó los salarios de tramitación en el Juzgado. Por ello, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) en julio de 2024 se negó a admitir el recurso de suplicación presentado por la empresa contra la sentencia desfavorable a sus intereses y que obligaba a la readmitir al empleado indebidamente despedido, si no se consignaban en la cuenta del Juzgado los salarios de tramitación, que en este caso ascienden a 150.000 euros.

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

Según consta en la denuncia referida presentada en Inspección de Trabajo, en junio de 2022 la dirección de Emaya pretendía que se aprobase el “Reglamento de funcionamiento del Equipo Directivo de Emaya” y que fuese anexado al Convenio Colectivo de Calidad Urbana. Anteriormente, Nuria Gallego contactó con Francisco S.R. y le animó a trabajar conjuntamente en los procedimientos de estabilización para reducir la temporalidad en el empleo público.

La dirección de Emaya pretendía que el Reglamento regulador del Equipo de Directores entrase en vigor en enero de 2023, cuatro meses antes de las elecciones municipales de mayo. Y en efecto, fue aprobado por el Comité de Empresa, aunque los sindicatos USO y USTE votaron desfavorablemente. Se blindaba así el puesto de trabajo de los directivos de Emaya.

ACOSO LABORAL

A partir de ese momento y por su oposición a los planes del equipo de dirección, según reza la denuncia, Emaya acusó al representante de USTE de acoso en el ámbito laboral. El equipo directivo de Emaya presentó una denuncia ante la Fiscalía que terminó archivada.

El Ministerio Público consideró que “la existencia del delito de acoso laboral es más que cuestionable, habida cuenta que el tipo penal requiere de una situación de superioridad jerárquica que no se cumple”. Además, expresó que “las actuaciones que podrán ser consideradas hostiles por parte de los investigados, pueden encauzarse dentro del ámbito de la actividad sindical que éstos ostentan (…) El ánimo de los investigados no es otro que el de cumplir con sus funciones sindicales de protección de los trabajadores”.

Tampoco este pronunciamiento de la Fiscalía desanimó a la dirección de Emaya de seguir con sus planes para acabar con los críticos en el Comité de Empresa.

INTIMIDACIÓN

La denuncia ante Inspección de Trabajo recoge otros episodios, todos ellos de enorme gravedad, de acoso e intimidación por parte de directivos de Emaya contra otros miembros del sindicato USTE, con objeto de dejar de apoyar a los dos sindicalistas despedidos.

Uno de estos episodios relata que una empleada de Emaya afiliada a USTE, que había sido sancionada con 40 días de empleo y sueldo fue presionada para que testificase en el juzgado contra Francisco S.R. Si así lo hacía, su sanción sería condonada y quedaría en nada. Ella se negó en redondo. Finalmente, la sanción a esta trabajadora fue revocada por el Juzgado.

Según ha podido saber este digital, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Baleares ha incoado expediente de responsabilidad empresarial contra Emaya.