El bloqueo de las licencias abre una guerra entre los taxistas y Cort

Moragues, en la sede de PIMEM, ha alertado de que desde diciembre “no se han tramitado nuevas licencias ni cambios de propietario”, lo que ha provocado que algunos conductores no puedan trabajar legalmente y que otros estén perdiendo financiamientos y ayudas como el pago único del paro. “Es una situación absolutamente insostenible”, ha afirmado, señalando que este retraso expone a los taxistas “a posibles sanciones económicas de hasta 6.000 euros por operar sin la debida documentación”.

Según ha explicado el presidente de Taxis-PIMEM, la situación de colapso se debe a la falta de personal y la acumulación de expedientes sin resolver en el departamento de Movilidad del Ayuntamiento. “Desde hace meses, no se han gestionado las transmisiones de licencias, lo que deja a los nuevos propietarios sin la documentación necesaria para operar”. Además, Moragues ha denunciado que los expedientes de financiación de la compra de licencias están en riesgo de caducar, lo que podría suponer graves pérdidas económicas para los afectados.

Además del problema con las licencias, ha señalado que los cambios de vehículo dentro del sector del taxi también están paralizados, lo que impide a los conductores renovar su flota y operar con normalidad. “Hay conductores que llevan meses sin poder poner en marcha su nuevo taxi porque la administración no expide los documentos necesarios”, ha indicado Moragues.

CONDUCTORES ATRAPADOS EN UN LIMBO ADMINISTRATIVO

Otro de los problemas señalados en la rueda de prensa es la demora en la emisión de carnés de taxista. Moragues ha denunciado que, tras el examen de noviembre, los nuevos conductores no han recibido su número de carné hasta finales de enero o febrero, impidiéndoles ser contratados durante meses. “Hay empresas que necesitan trabajadores y no pueden contratarlos porque el Ayuntamiento no les ha dado el carné necesario”, ha explicado.

El presidente de Taxis-PIMEM ha recordado que, en algunos casos, los expedientes administrativos tardan hasta nueve meses en abrirse, lo que pone en riesgo incluso la validez de los procedimientos. “Nos han reconocido que lo que se registra en el Ayuntamiento tarda casi un año en ser revisado. Es un escándalo que está afectando a más de un centenar de taxistas”, ha denunciado.

Ante la gravedad de la situación, Moragues ha advertido que, si no se resuelve el problema de inmediato, se estudiarán reclamaciones económicas contra el Ayuntamiento de Palma por los perjuicios ocasionados. “Si un taxista ha perdido una ayuda del pago único, si su expediente de financiación caduca o si ha estado meses sin poder trabajar, tiene derecho a exigir una indemnización”, ha afirmado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a las autoridades municipales para que tomen medidas urgentes y desbloqueen la situación. “No podemos seguir así. Si es un problema de personal, que contraten más. Si es un problema de gestión, que se reorganice el departamento. Pero los taxistas no pueden seguir atrapados en este limbo administrativo”, ha concluido Moragues.