El pasado mes de julio, la dirección nacional de Vox ordenó a sus subordinados en las diferentes autonomías salir de los gobiernos y romper los pactos con el PP, justificando su decisión en un pretendido reparto de menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias que jamás tuvo lugar. Desde entonces, el Govern que preside Marga Prohens (PP), gobierna en minoría.
A pesar de ello, el PP ha intentado pactar todas y cada una de las medidas adoptadas por el Govern con el Grupo Parlamentario de Vox, cuya portavoz es Manuela Cañadas. Tantas veces como la izquierda ha tendido la mano al PP, los ‘populares’ han optado siempre por negociar con la formación a su derecha. Hasta que Vox no ha querido negociar más, sino sencillamente aprovechar el error del PP en la votación de la Ley de Simplificación Administrativa, cuando fueron aprobadas sus 34 enmiendas que el PP quería haber rechazado.
Entre estas enmiendas, había una destructiva carga de profundidad, capaz de generar un terremoto político y social de consecuencias impredecibles: la eliminación del catalán como lengua vehicular en el sistema educativo de Baleares. Se trata de una vieja aspiración política de Vox y de su constelación de asociaciones marcadamente anticatalanistas. Pero para el PP es una línea roja que de ningún modo están dispuestos a traspasar. Y mucho menos como cesión a lo que se considera un chantaje para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma, detalladamente negociados con Vox.
Según fuentes consultadas por mallorcadiario.com, Manuela Cañadas y los otros cinco diputados del Grupo Parlamentario de Vox, se habían comprometido a apoyar las cuentas públicas para 2025, elaboradas por el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. De hecho, el pasado 21 de octubre, votaron a favor del techo de gasto; y más tarde, el 19 de noviembre, votaron con el PP en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda.
LA EXCUSA PERFECTA
Sin embargo, la aprobación por error de las enmiendas de Vox a la Ley de Simplificación fue la excusa perfecta para que los de Santiago Abascal cambien de opinión y no garanticen su voto favorable a los presupuestos, si el Govern suprime, como anunció inmediatamente, las 34 enmiendas coladas por error.
Cañadas exigió como condición para apoyar los presupuestos del Govern, que no se tocaran sus enmiendas, vendidas por la formación de ultraderecha como todo un éxito que ponía fin a “imposiciones lingüísticas e ideológicas (…). Esto es sólo el comienzo. Hacemos historia”. Pretendían así utilizar políticamente un error de votación e impedir una eventual corrección con la amenaza de hacer descarrilar las cuentas públicas, algo inasumible para los ‘populares’.
PACTO CON LA IZQUIERDA
Según diversas fuentes, entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana, el PP se convenció de que las órdenes dictadas desde la calle Bambú, sede nacional de Vox, eran la de no apoyar los presupuestos, ni en Baleares ni en ninguna otra comunidad autónoma gobernada por el PP donde hagan falta sus votos. Por más que los presupuestos estuviesen negociados y pactados.
Ante esta realidad y aprovechando que este martes el pleno del Parlament debía votar la derogación de la Ley de Memoria Democrática, una exigencia de Vox acordada al inicio de la legislatura pero que el PP no llevaba en su programa electoral, los ‘populares’ negociaron con el PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca (la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, está de baja por enfermedad), salvar dicha Ley a cambio de su respaldo en la convalidación del decreto ley para eliminar las enmiendas de Vox.
Este acuerdo in extremis ha provocado la indignación de Manuela Cañadas (Vox), tan grande como la satisfacción de Iago Negueruela (PSIB), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) y Josep Castells (Més per Menorca), casi eufóricos por infligir una dura derrota a la ultraderecha, salvando la Ley de Memoria Democrática, mucho más que una simple Ley.
RETIRADA DE LOS PRESUPUESTOS
Pero en este nuevo escenario político, la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció en el pleno la retirada del proyecto de ley de presupuestos. Por la tarde del martes había reunión de la comisión en el Parlament, donde Vox hubiera votado en contra otra vez, como ya hizo en la ponencia. Había que evitar otra derrota que Vox se habría atribuido como un éxito, tal y como quería la calle Bambú en una estrategia de acoso al PP.
El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, explicó: "Hemos hablado con la izquierda y llegado el momento nos sentaremos para poder dialogar y negociar unos presupuestos que se puedan sacar adelante con una mayoría en la Cámara y que sean beneficiosos para la ciudadanía".
LEGISLATURA RESETEADA
La ruptura total entre PP y Vox, escenificada hoy en el Parlament, da un vuelco radical al panorama político en Baleares. Los ‘populares’ no tienen mayoría estable y deberán, ahora sí, negociar con todos los grupos cada iniciativa. Comenzando por unos presupuestos para el año próximo, que el Govern quiere aprobar en febrero. Sin contar con un socio preferente. Vox ha dejado de serlo, pues sus representantes en el Parlament ya no son interlocutores válidos para el Govern. Negociar con ellos es absurdo, explican fuentes del PP, porque, al final, quien decide es Santiago Abascal en Madrid, según sus intereses políticos y sin que lo que suceda en Baleares le importe mucho.
Ante esta nueva coyuntura, el PP deberá buscar acuerdos con los partidos de izquierdas, que no se lo pondrán nada fácil. Tampoco lo era con Vox, hasta que ha sido imposible seguir juntos.
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