El año pasado, las okupaciones de viviendas en Baleares aumentaron un 74 por ciento respecto a 2020, según datos relativos a los nueve primeros meses del año contabilizados por el Ministerio del Interior. Hasta septiembre, en las islas se produjeron 407 casos de los casi 13.400 que se registraron en toda España en el mismo periodo. El aumento de este tipo de incidentes se produjo en casi todas las comunidades, teniendo en cuenta que el año precedente, el 2020, fue un año de confinamiento en el que los okupas también tuvieron una menor actividad.
Que estadísticamente haya crecido la okupación tiene esta explicación, pero no la tiene tanto que, mientras en Baleares este tipo de delitos han sufrido el citado incremento del 74 por ciento, en toda España, el mismo fenómeno haya subido un 18 ciento. La diferencia de casi sesenta puntos es notable y pone de manifiesto que el problema de la okupación es especialmente grave en las Islas. De hecho, Baleares es la comunidad donde más crecieron estos hechos ilícitos.
Desde septiembre existe un protocolo del Ministerio del Interior para unificar criterios en las actuaciones policiales, y la propia Fiscalía General del Estado, en línea con lo resuelto previamente por la Fiscalía de Baleares, mantiene vigente una instrucción para agilizar las medidas cautelares y facilitar el desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada -tanto en primeras como en segundas viviendas-.
El problema es que no resulta tan fácil actuar si el propietario de la vivienda es un banco, dilatando en el tiempo los conflictos vecinales que se producen cuando los okupas entran en una comunidad: ruidos, suciedad y no pocas veces violencia física.
La alarma provocada por la okupación de viviendas sigue instalada en la sociedad que, a menudo, percibe que no se hace todo lo posible para atajar el problema, ya sea en los casos flagrantes de viviendas de particulares como cuando son inmuebles pertenecientes a bancos. La permisividad advertida sobre todo en estos últimos casos es difícil de ser entendida por los ciudadanos, convertidos en víctimas de la inseguridad y el miedo cuando el problema lo viven de cerca.
Mientras tanto, el dato de okupaciones en Baleares crece hasta escalar a los primeros puestos del ranking nacional. Un hecho que, al margen de actuaciones judiciales, debería hacer recapacitar sobre las causas de tal fenómeno en las Islas y las soluciones que convendría aplicar.
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