Los 'riders' toman Palma contra la aprobación de la ley de su sector

En concreto, los repartidores han señalado que la aprobación de la 'Ley Rider' en el Consejo de Ministros supone "paso más hacia el precipicio que supone dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo".

De esta forma, ambas asociaciones han hecho un llamamiento a los diputados del Congreso de los Diputados para que vote en contra de esta norma. "Necesitamos su NO a la Ley Rider. Esta ley no puede ser un Decreto sin participación de nadie", han subrayado.

DESACUERDO DE UNA FACCIÓN DE RIDERS

Las protestas transcurren el mismo día que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros la ley que regula el trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, CC.OO. y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales, conocidos como 'riders'.

En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).