Armengol, en el foco de las protestas por el cierre de la restauración

La concentración de un millar de trabajadores y empresarios de la restauración frente a las principales instituciones baleares y en el centro de Palma -contraviniendo la prohibición expresa dictada por la Delegación del Gobierno- pone de manifiesto la situación límite que vive el sector, sometido a constantes restricciones y cierres, sin percibir compensaciones que garanticen su supervivencia.

Al grito de "Armengol dimisión", los manifestantes focalizaron en la presidenta del Govern sus críticas por la situación en la que se encuentran a causa de las medidas que ha ido adoptando el ejecutivo balear para frenar los contagios por coronavirus. Posiblemente no ha sido la fórmula más acertada de plantear la protesta -muchos asistentes iban sin mascarillas y todos ellos desafiaban abiertamente una prohibición gubernamental dictada en un escenario de máxima expansión del virus-. Su justificación es que sienten criminalizados, víctimas de decisiones que consideran injustificadas, precipitadas y que responden, a su juicio, a los vaivenes propios de un gobierno que demuestra un alto nivel de improvisación en la gestión de la crisis.

Las nuevas medidas -en vigor desde este miércoles y durante un mínimo de 15 días- suponen el cierre total del sector de la restauración, junto a los gimnasios y las grandes superficies. El sector teme que sea la puntilla final para muchos negocios ya muy castigados desde el inicio de la pandemia. Por ello reclaman ayudas directas, a imagen de las aplicadas en otras comunidades o países con altos índices de incidencia del virus, en los que también se ha recurrido al cierre de actividades.

Pimem-Restauración ha puesto sobre la mesa cifras concretas. La entidad propone que las administraciones inyecten dinero a las empresas mediante una aportación de 3.000 euros por cada trabajador, con un máximo de 30.000 euros por cada restaurante o bar cerrado. Así, cubrirían las pérdidas desde octubre de 2020 a marzo de 2021. Son datos que abren un debate que debería ser atendido por el Govern si se quiere evitar una sangría de cierres de negocios y despidos de trabajadores.

El miedo a que el virus se extienda es lógico y la adopción de medidas, inevitable. Ante estas circunstancias, el Govern debería, por una parte, compensar y justificar mejor sus decisiones, evitando la imagen de improvisación y de criminalización que percibe el sector de la restauración; y, por otra, trabajar de forma decidida y valiente en los procesos que supondrán un verdadero freno a los contagios, como es agilizar la campaña de vacunación que tantas críticas y dudas ha despertado. Acciones en esta línea no sólo evitarían espectáculos como el producido este martes por las calles de Palma, sino que ayudarían a proteger un sector clave en la economía local.