‘Caso Scala’
El expolítico ibicenco fue condenado por los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, falsedad documental por funcionario y en documento mercantil, prevaricación y fraude a la Administración, aunque siempre se proclamó inocente y se negó a pactar con la Fiscalía, como sí hicieron la mayor parte de los condenados.
Por admitir los hechos y colaborar con la Justicia señalando a Cardona, la gerente del CDEIB, Antonia Ordinas (que se hizo célebre al desenterrar una caja de Cola Cao del jardín de su casa repleta de dinero) y el director general de Indústria del Govern, Kurt Viaene, los otros dos principales acusados de liderar la trama, fueron condenados a 3 años y 8 meses de cárcel y a 5 años y cinco meses, respectivamente. Ambos cumplieron la condena muchos años atrás.
La Fiscalía solicitó 21 años de cárcel para Cardona pero finalmente el tribunal le sentenció a 16 años. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en mayo de 2014.
Primer permiso de 48 horas
Tras más de un lustro encarcelado y sin pisar la calle, Cardona obtuvo su primer permiso penitenciario el 5 de enero de 2019. No fue fácil porque el juez de Vigilancia Penitenciaria de Palma le denegó los permisos de salida hasta en seis ocasiones, y ello a pesar de los informes favorables de la Junta de tratamiento, por unanimidad de sus ocho miembros, y de las más de 60 recompensas de la dirección del penal por su buen comportamiento.
Indulto
Ahora, tras más de 6 años y 8 meses privado de libertad, la exDefensora del Pueblo y vocal del Consejo de Estado, María Luisa Cava de Llano, impulsa un campaña para que el Gobierno conceda el indulto, aunque sea parcial, a José Juan Cardona. Para ello la reconocida jurista, que es voluntaria de Pastoral Penitenciaria y amiga personal de Cardona, ha lanzado una recogida de firmas a través de internet.
Hasta el momento unas 800 personas se han adherido a través de este formulario a la petición cursada formalmente por la exdiputada del PP a finales de marzo.
Cava de Llano fundamenta su solicitud en lo excesivo de la condena (la más alta por un caso de corrupción política de las impuestas en Balears), el buen comportamiento del reo durante los más de 6 años que lleva privado de libertad, su nula peligrosidad social, que es delincuente primario (sin antecedentes policiales ni penales) y la imposibilidad de reincidencia por estar inhabilitado. Además, Cardona, que es abogado, tiene todo su patrimonio embargado.
Hay que recordar que el Gobierno autorizó la tramitación de los expedientes de indulto pese a haber decretado el estado de alarma. Este movimiento fue interpretado desde algunos sectores como que se abría la puerta a acordar una medida de gracia en favor de los políticos condenados por el 'procés' independentista.