La llegada de Marga Prohens al Govern

Prácticamente desde la misma noche electoral del 28 de mayo de 2023, todo apuntaba a que la popular Marga Prohens (Campos, 1982) sería la nueva presidenta del Govern, ya que el PP más el diputado obtenido por Sa Unió sumaban 26 escaños, que era una cifra que no podía ser igualada por parte de la izquierda, ni siquiera con la suma de los 18 escaños del PSOE, los cuatro de Més per Mallorca, los dos de Més per Menorca y el escaño de Unidas Podemos, que sólo reunían 25 asientos en total en el hemiciclo.

En aquellos comicios quedaron sin representación en la Cámara regional dos partidos centristas históricos, Ciudadanos y Proposta per les Illes, por lo que la investidura de Prohens pasaba a depender de cuál pudiera ser el sentido del voto de la formación conservadora Vox —considerada de extrema derecha en determinados ámbitos—, que el 28-M había quedado en tercera posición en el Parlament, con una lista encabezada nuevamente por Jorge Campos.

Precisamente, el PP y Vox habían sido los dos únicos partidos que habían mejorado sus resultados con respecto a las autonómicas de 2019, ya que los populares habían pasado de 16 a 25 escaños, mientras que Vox había subido de tres a ocho diputados.

Partiendo de esa realidad aritmética, el PP y Vox parecían estar obligados a intentar llegar a algún tipo de acuerdo antes de la sesión de investidura, ya que un hipotético —aunque muy improbable— voto de Vox en contra de Prohens haría imposible su llegada al Consolat. Prohens, por su parte, no contemplaba que en el futuro nuevo Govern pudiera haber consellers de Vox, a diferencia de lo que ocurriría en el Consell de Mallorca, en donde el popular Llorenç Galmés sería investido presidente de la institución insular el 8 de julio tras haber llegado a un pacto con Vox que incluía la entrada de esta formación en el equipo de gobierno de Galmés.

Las conversaciones entre el PP y Vox a nivel autonómico no fueron fáciles, pero tras dos semanas de reuniones llegarían a un principio de acuerdo el 19 de junio de 2023. Un día después, el diputado de Vox Gabriel Le Senne sería elegido presidente del Parlament con el apoyo de su propia formación, del PP y de Sa Unió. Habría que esperar aún tres semanas para que tuviera lugar el pleno de investidura, en el que Prohens sería proclamada presidenta del Govern el 6 de julio, con los votos del PP y Sa Unió, y la abstención de Vox. La nueva presidenta tomaría posesión de su cargo el 8 de julio, en un acto celebrado en La Llotja de Palma.

El denominado 'Acuerdo conjunto de PP y Vox para el Gobierno de las Islas Baleares', que posibilitó la citada abstención de Vox, incluía un total de 110 puntos. Dicho acuerdo contemplaba, entre otras medidas, una bajada de impuestos, la elección por parte de los padres de la primera lengua de escolarización de sus hijos, la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública, un plan de choque contra la inmigración ilegal y la okupación, la puesta en marcha de diversas iniciativas en favor de la protección medioambiental, la derogación parcial de la Ley de Turismo, la lucha frente a la violencia contra las mujeres o la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Además, se establecía la creación de una comisión de seguimiento y evaluación para "garantizar" el cumplimiento de todas las medidas.

UN DIFÍCIL EQUILIBRIO

Tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, el PP balear recuperaría también el Ayuntamiento de Palma, con Jaime Martínez como nuevo alcalde, y el Consell de Menorca, con Adolfo Vilafranca como nuevo presidente. Además, mantuvo el Consell d'Eivissa, con Vicente Marí al frente de dicha institución. Aun así, los populares quedaron lejos de las mayorías absolutas que habían alcanzado en el pasado con Gabriel Cañellas, Jaume Matas y José Ramón Bauzá, una circunstancia que sin duda condiciona la acción de gobierno en las instituciones hoy presididas por el Partido Popular, normalmente con el único apoyo de Vox. Pese a ello, el PP intenta mantener su tradicional ideario de centroderecha y también regionalista en Baleares.

Prohens considera, posiblemente con razón, que sólo desde la moderación —y la buena gestión— puede llegar a tener continuidad más allá de 2027 el proyecto que ahora lidera, tras las dos legislaturas consecutivas en que gobernó el Pacte de la mano de la socialista Francina Armengol. La mencionada premisa no es compartida, sin embargo, por determinados medios y analistas conservadores, que piensan que el PP balear estaría descuidando hoy en exceso su flanco derecho, con posiciones que califican como socialdemócratas o filonacionalistas en más de una ocasión. Por su parte, los analistas de filiación progresista afirman, en cambio, que el PP balear se habría "voxizado" casi por completo. Sea como sea, Prohens optó por confeccionar su Ejecutivo con un perfil marcadamente centrista y técnico.

Cabe citar, en ese sentido, al vicepresidente económico y portavoz del Govern, Antoni Costa; la consellera de Salut, Manuela García; el conseller de Educació, Antoni Vera; el conseller de Turisme, Jaume Bauzà; la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, o el conseller de Agricultura, Joan Simonet, si bien todo el gabinete se caracteriza hasta ahora por mantener un mismo tono de mesura a la hora de legislar. Entre las medidas más destacadas aprobadas por el Govern se encuentran la eliminación del impuesto de sucesiones, la gratuidad de la etapa escolar de cero a tres años, la creación de la Mesa del Pacto Político y Social para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, y la puesta en marcha del programa 'Alquiler seguro' para captar viviendas vacías.

Por lo que respecta a la trayectoria política previa de Prohens, había sido diputada en el Parlament entre 2011 y 2019, llegando a ocupar la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en su segunda legislatura en la Cámara autonómica. Con posterioridad, daría el salto a la política nacional, tras ser elegida diputada en el Congreso en 2019. Dos años después, pasaría a ser la nueva presidenta del PP balear, en sustitución de Gabriel Company, con el propósito de intentar conseguir que en 2023 el PP pudiera volver a ser un partido de gobierno en la Comunidad, como así ocurriría finalmente.

Desde el inicio de su mandato, la actual inquilina del Consolat tiene muy presente que la larga travesía del desierto que vivió el PP balear antes de su llegada se inició a raíz de la debacle electoral sufrida por el popular José Ramón Bauzá en los comicios autonómicos de 2015. Bauzá había alcanzado la presidencia del Govern en 2011, con una sólida e histórica mayoría absoluta de 35 escaños, pero cuatro años después obtuvo sólo 20 escaños, un fracaso debido en parte a la aparición de Cs, pero atribuible sobre todo a la gran controversia que había generado en nuestra Comunidad la puesta en marcha del denominado Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).

El citado decreto, aprobado por Bauzá en 2013, preveía esencialmente la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios del Archipiélago, con el inglés o el alemán como tercera lengua, compartiendo horas lectivas con el castellano y el catalán. El TIL iba a suponer, además, la eliminación de la inmersión lingüística en catalán en las escuelas, un sistema que, de facto, había estado vigente tanto con el popular Jaume Matas como con el socialista Francesc Antich.

El TIL entraría en vigor en septiembre de 2013, con el rechazo de los partidos que entonces estaban en la oposición y los profesores de filiación nacionalista, al considerar que mermaba la enseñanza en catalán. En ese contexto, la denominada Asamblea de Docentes convocó una huelga indefinida entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2013. Además, el 29 de septiembre de aquel año tuvo lugar la manifestación más multitudinaria celebrada hasta hoy en Palma, en la que más de 80.000 personas pidieron la retirada del citado proyecto lingüístico. Pese a todo, Bauzá optó por mantenerlo. En este contexto, la primera decisión que tomaría Francina Armengol tras ser elegida presidenta del Govern en junio de 2015 sería dejar sin efecto el TIL.

EL PP Y EL PACTE

Tras su pase a la oposición en 2015, el PP balear optó por intentar centrar de nuevo su mensaje y hacer una oposición constructiva, lo que incluía la posibilidad de poder llegar a acuerdos puntuales con el Pacte. Así, a lo largo del primer mandato de Armengol el PP apoyó total o parcialmente algunas iniciativas legislativas, como por ejemplo la Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y para erradicar la LGTBI fobia, que sería aprobada por el Parlament en mayo de 2016. La proposición de ley había sido presentada por el PSOE, Més y Podemos, si bien el PP, el PI y Cs votaron a favor de la mayoría de artículos de esta norma. De hecho, fueron aceptadas o transaccionadas 52 de las 79 enmiendas presentadas.

Aquel mismo mes de mayo, la Cámara regional aprobaría por unanimidad la Ley para la recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, coloquialmente conocida como la Ley de Fosas. Dicha ley estableció que el Govern se encargaría de la localización e identificación de las 2.000 personas desaparecidas en las Islas durante la Guerra Civil y el Franquismo. En los casos en que fuese posible, se procedería también a la recuperación de sus restos. Esta ley indicaba, asimismo, que se protegerían y se preservarían las fosas de ambos periodos históricos.

Con posterioridad, en marzo de 2018, el Parlament daría luz verde a la Ley de Memoria Democrática, que entre otras iniciativas preveía la retirada de símbolos del Franquismo en todo el Archipiélago y abogaba por la anulación de las sentencias de carácter político dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Asimismo, dicha ley contemplaba la creación de "itinerarios de la memoria" y la redacción de un censo de símbolos franquistas en el plazo de un año. En esta ley, el PP, Cs y el PI votaron a favor o se abstuvieron en parte del articulado, después de que hubieran sido aceptadas algunas de sus enmiendas durante los debates.

En cambio, el PP votaría en contra de la denominada ley de toros "a la balear", aprobada en julio de 2017, y del decreto que regulaba el uso del catalán en la sanidad pública balear, que entraría en vigor en marzo de 2018. Ambas normativas serían recurridas en su momento. Finalmente, el Tribunal Constitucional dictaría en diciembre de 2018 una sentencia en la que anulaba los artículos más restrictivos de la ley taurina autonómica, mientras que el Tribunal Supremo anularía en octubre de 2021 el decreto del catalán.

Tras un cuatrienio en la oposición, los populares isleños confiaban en poder volver a gobernar tras las elecciones autonómicas de 2019, pero no sólo no fue así, sino que además el PSOE fue por vez primera el partido más votado en Baleares, obteniendo 19 escaños frente a los 16 logrados por el PP, cuyo candidato al Govern había sido Company. El segundo mandato de Armengol como presidenta estaría condicionado por la pandemia del coronavirus. En ese periodo, las dos iniciativas legislativas más importantes del Pacte serían la aprobación de la Ley de Educación y de la nueva Ley de Turismo, que contaron con el voto en contra del Partido Popular y de Vox.

Habría que esperar hasta los comicios autonómicos de mayo de 2023 para que el PP ganase de nuevo en el Archipiélago y el PSOE pasase a la oposición. En esa tesitura, Armengol decidió ser la cabeza de lista socialista por Baleares en las elecciones generales del 23 de julio, en las que obtendría el acta de diputada. En esas elecciones, la candidatura de Vox en las Islas estaba encabezada por Campos, que también resultaría elegido diputado. Tras el 23-J, el entonces presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, propuso para presidir el Congreso a Armengol, quien resultaría elegida para desempeñar dicho cargo el 17 de agosto, tras haber contado con los votos favorables del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, el PNV y el BNG.

LAS CRISIS DE VOX

Casi desde el inicio de la actual legislatura, el Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara balear ha vivido varias crisis internas relevantes en su seno, seguramente provocadas más por cuestiones de carácter personal que ideológico, aunque el telón de fondo en todas esas crisis haya sido la posible lealtad o deslealtad de determinados diputados hacia el ideario del partido y también la existencia de discrepancias sobre cuál debía ser la posición última de Vox con respecto a los Presupuestos del Govern de 2024 y 2025.

De los ocho diputados con que contaba Vox en un principio, ha pasado a tener ahora sólo seis, después de que Xisco Cardona abandonase el partido en octubre de 2023 y Agustín Buades hiciera lo propio en septiembre de este año. Desde entonces, ambos son diputados no adscritos en el Parlament.

Previamente, en enero de este año, los diputados Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, María José Verdú y el citado Agustín Buades habían decidido expulsar del Grupo Parlamentario de Vox al diputado y presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, y a la diputada y líder del partido en Baleares, Patricia de las Heras, por circunstancias "internas" del grupo y para conseguir "la mejor unidad posible". En aquel momento, Ribas era la portavoz de Vox y Rodríguez era el portavoz adjunto.

La dirección nacional del partido que preside Santiago Abascal frenó esa "rebelión", confirmó la continuidad de Le Senne y de De las Heras, y abrió un expediente disciplinario a los cinco diputados díscolos, que además serían suspendidos cautelarmente de militancia. Esa crisis se cerraría poco después, tras la mediación ejercida por la propia dirección nacional para evitar que desapareciera el Grupo Parlamentario de Vox en Baleares.

Con posterioridad, en abril de este año Ribas, Rodríguez y Buades crearon la asociación 'Avanza en Libertad', que es una entidad diferenciada de Vox y que tiene como finalidad "impulsar a la sociedad civil en la defensa activa de la libertad, la democracia, la unidad y la identidad cultural española". Paralelamente, ese mismo mes de abril Ribas y Rodríguez dimitieron de sus cargos en la Cámara regional, siendo sustituidos por Cañadas como nueva portavoz y por Verdú como nueva portavoz adjunta.

Por otra parte, las ya de por sí complejas relaciones entre Vox y el PP en el Parlament balear se vieron afectadas a mediados de este año por la decisión de Abascal de romper con los populares tanto en las cinco autonomías en donde el PP y Vox gobernaban conjuntamente como en Baleares, en donde el Govern contaba con el apoyo externo estable de Vox. Abascal tomó esa decisión el pasado mes de julio, al estar en desacuerdo con los acuerdos alcanzados a nivel estatal por populares y socialistas en materia migratoria y también judicial. Aun así, la interlocución entre Vox y el PP en la Cámara regional no llegó a romperse nunca por completo, o no al menos hasta este mes de diciembre, en que ambos partidos parecen estar más alejados que nunca.

UNA CRECIENTE TENSIÓN

Con independencia de las citadas desavenencias entre Vox y el PP, el Parlament vivió una de sus jornadas más tensas en el pleno celebrado el pasado 18 de junio, después de que Le Senne rompiera en dicho pleno un collage fotográfico que estaba exhibiendo en la Mesa de la Cámara la vicepresidenta segunda, la socialista Mercedes Garrido. En el collage aparecían las imágenes de tres activistas republicanas fusiladas por fuerzas falangistas el 5 de enero de 1937: la histórica dirigente del PCE en Mallorca Aurora Picornell y las hermanas Antònia y Maria Pascual.

Antes de romper el citado collage, Le Senne había pedido a Garrido de manera reiterada que lo retirase de la Mesa, para preservar la neutralidad de la misma. Seguidamente, expulsó del hemiciclo a Garrido y a la secretaria segunda de la Mesa, la socialista Pilar Costa, que había exhibido una imagen en solitario de Picornell. El suceso se produjo en medio del debate sobre la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que suponía el primer paso para la futura eliminación de esta normativa con el aval del PP y de Vox. Tras el incidente, toda la oposición en bloque exigió la dimisión de Le Senne, quien, por su parte, pidió perdón por su comportamiento. "Nunca fue mi intención faltar el respeto a ninguna víctima", dijo el presidente del Parlament entonces.

En cualquier caso, la asociación Memòria de Mallorca y las familias de Picornell y de las hermanas Pascual presentaron una denuncia contra Le Senne por un presunto delito de odio. La causa pasó al Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que citó al presidente del Parlament para que declarase en calidad de investigado el pasado 27 de septiembre. El magistrado Juan Manuel Sobrino dio por cerrada la instrucción el pasado 10 de diciembre, a la espera de determinar en breve bien el archivo de la causa o bien la apertura de juicio oral.

En este contexto, el Parlament celebró el pasado 3 de septiembre un pleno extraordinario solicitado previamente por la oposición, para debatir acerca de la posible destitución de Le Senne. Dicho pleno estuvo presidido por el vicepresidente de la Cámara, el popular Mauricio Rovira. Para que la destitución de Le Senne pudiera prosperar era preciso que hubiera una mayoría de tres quintos —34 diputados sobre un total de 59 escaños— a favor de su marcha. Sin embargo, el PP decidió abstenerse finalmente, por lo que el resultado de la votación fue de 25 votos a favor de cesar a Le Senne, 27 abstenciones y siete votos en contra, evitándose así su remoción del cargo.

Con todo, las relaciones entre Vox y el Partido Popular seguían siendo muy tirantes, tal como se demostraría en el pleno ordinario celebrado el 26 de noviembre. En dicho pleno, el PP votó a favor, por error, de las 34 enmiendas presentadas por Vox a la nueva Ley de Simplificación Administrativa. En dichas enmiendas se pedía, por ejemplo, la eliminación del catalán como lengua vehicular en las escuelas o la supresión del requisito del catalán en la función pública. La portavoz adjunta popular, Marga Durán, solicitó a la portavoz de Vox poder repetir la votación en ese mismo pleno tras el error de su partido, pero Cañadas se opuso a ello. Esta negativa obligó al Govern a aprobar hace una semana un decreto ley para que las citadas enmiendas no entrasen en vigor.

En estos momentos, puede hablarse de una ruptura casi total entre Vox y el PP en el Parlament, después de que este mes de diciembre el Govern se haya visto obligado a prorrogar los Presupuestos de 2024 al no contar con el apoyo de la formación de Abascal para poder aprobar las cuentas de 2025. Por su parte, los populares lograron en el pleno celebrado el pasado martes que el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca votasen a favor de validar el mencionado decreto ley de rectificación. A cambio, ese mismo día el PP se abstuvo en la votación de la propuesta de Vox para derogar definitivamente la Ley de Memoria Democrática, por lo que dicha norma seguirá en vigor en esta legislatura.

El panorama político no se presenta fácil para Prohens a partir de ahora, con el portavoz socialista, Iago Negueruela, y el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, exigiendo a la presidenta que se aleje para siempre de Vox para poder llegar a posibles nuevos acuerdos futuros con la izquierda, mientras Cañadas decía esta misma semana de los populares que "con mentirosos y traidores no tenemos nada que hablar". La portavoz de Vox incluso llegó a afirmar que el "Parlament se ha convertido en un barco de piratas", una analogía con evidentes reminiscencias cinematográficas. Sin embargo, Prohens parece hoy más la valiente y decidida protagonista de algún western clásico que la bucanera de una película de piratas. Tal como están hoy las cosas, dicho western podría titularse, seguramente, Sola ante el peligro, con permiso del gran Gary Cooper, quien, por cierto, fue siempre un hombre cabal y un caballero.

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