Según consta en el escrito de conclusiones provisionales, el procesado, con sentencias previas en su contra por estafa, lo habría hecho "con el propósito de procurarse un ilícito enriquecimiento a costa del caudal ajeno".
El denunciante se puso en contacto con el ahora acusado en febrero de 2017 por teléfono desde Granada, solicitándole este último que "le entregara por adelantado la cantidad de 1.350 euros con la promesa ficticia de facilitarle para su disfrute personal" la vivienda que le comprometía.
Recibió supuestamente en una cuenta de la que era titular esa cantidad a fecha de 23 de febrero de 2017. Posteriormente, en marzo, el denunciante "trató de contactar con el acusado ya en suelo balear para acceder a la vivienda prometida, recibiendo la insistente negativa" para "el disfrute de la casa pactada".
Habría tenido que encontrar entonces una vivienda en un municipio distinto de donde estaba el alojamiento comprometido, por la que hubo de pagar entre el 17 de marzo y el 17 de abril una renta que ascendió a los 900 euros.
El fiscal indica que, "para acabar con su propósito criminal", el 5 de mayo de 2017, el acusado, "con la ficticia intención de dar por saldada la deuda que había contraído con el denunciante", habría extendido a la pareja del denunciante "dos pagarés al portador por valor nominal de 1.500 euros cada uno y con fecha de vencimiento del mismo mes", los cuales habrían sido "denegados por la entidad bancaria" cuando "fueron presentados para su pago".
Por todo ello, el perjudicado reclama que le sea devuelta la cantidad de 3.900 euros en concepto de indemnización por el perjuicio económico que se le habría causado.
Está previsto que los hechos sean enjuiciados el próximo 16 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
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