Los acusados por el accidente de tren de Sineu evitan la cárcel y pagarán 1,49 millones en indemnizaciones

El accidente tuvo lugar el 19 de mayo de 2010, sobre las 06.45 horas, en la línea desde Manacor hacia Palma de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), dependiente del Govern. Aproximadamente 400 metros antes de alcanzar la estación de Sineu, el tren colisionó con un muro de hormigón que se había derrumbado sobre la vía y descarriló. Resultaron heridos el maquinista, el interventor y una treintena de pasajeros.

El muro había colapsado la noche anterior, tras ceder a las tierras que sostenía, en contacto con un talud. La Fiscalía señalaba que este colapso se debía a "un conjunto de acciones y omisiones en cadena de carácter negligente" por una serie de infracciones de la normativa, que imputaba a los técnicos que se encargaron del proyecto y a los responsables del mantenimiento.

Los acusados son el ingeniero de caminos que elaboró el proyecto básico de reapertura de la línea Inca-Manacor; otro ingeniero encargado de la dirección de las obras entre 2002 y 2003; los dos ingenieros que realizaron el proyecto de obras de emergencia en la línea -encargado por SFM a una unión temporal de empresas-; la supervisora del proyecto de construcción y el jefe de obras; y un representante de SFM.

El acuerdo entre las defensas y las acusaciones ha evitado la celebración del juicio, que comenzaba este miércoles. En virtud del pacto suscrito, la Fiscalía ha modificado sus conclusiones y ha calificado los hechos de faltas por imprudencia grave con resultado de lesiones, despenalizadas desde la reforma del Código Penal de 2015, por lo que el juez ha procedido a la absolución de los acusados en cuanto a la responsabilidad penal.

Originalmente, la Fiscalía acusaba por delitos de lesiones por imprudencia grave y profesional, y pedía para cada acusado dos años de cárcel, así como inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión por cuatro años.

CASI UN MILLÓN DE EUROS PARA EL MAQUINISTA

En lo que respecta a la responsabilidad civil, se reconocen indemnizaciones por diferentes importes para 34 personas afectadas y una mutua. La mayor de estas cuantías, de 975.635 euros, es para el maquinista, que resultó incapacitado de forma permanente como consecuencia del siniestro.

El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico con contusión cerebral, una contusión pulmonar, fracturas cervicales, faciales y de las extremidades y una lesión penetrante en un ojo, entre otras lesiones. Tuvo que ser intervenido y hospitalizado y tuvo importantes secuelas, con una gran invalidez por la que ha tenido que adaptar su domicilio y asistirse de una silla de ruedas autopropulsada.

La segunda indemnización más importante es para el interventor, que recibirá 95.827 euros por los daños del accidente. También resultó gravemente herido, con traumatismo cerrado de tórax y fractura vertebral entre otras lesiones, y tuvo que ser operado, hospitalizado y recibir terapia de rehabilitación. Sufrió diversas secuelas, incluyendo una limitación de la movilidad de la columna, y se le reconoció la incapacidad permanente total para su trabajo habitual.

En cuanto a los pasajeros, un hombre de 43 años que sufrió una fractura de la columna vertebral y que también fue declarado en situación de invalidez permanente recibirá 85.663 euros; y otro de 66 años con fractura vertebral será indemnizado con 33.377 euros. La cifra total también engloba una cantidad de 175.411 euros para una mutua por los gastos sanitarios derivados del accidente. El resto de afectados serán compensados con diferentes cantidades, que van desde los 28 hasta los 18.821 euros.

Dado que las aseguradoras ya consignaron los importes en el Juzgado, estas indemnizaciones no generarán intereses y podrán ser entregadas inmediatamente a los afectados. La sentencia se ha dictado 'in voce' y se ha declarado firme.

INFRACCIONES DE LA NORMATIVA

La Fiscalía señalaba en su escrito que en el proyecto básico no se contempló ninguna actuación para garantizar la estabilidad de los taludes, a pesar de que existían informes que alertaban de la posibilidad de desprendimientos; y que en las obras "se improvisaron" la altura y dimensiones del muro de hormigón, que se encargó "sobre la marcha". Según señalaba la acusación pública, en la construcción de este muro "no quedó espacio suficiente para limpiar el trasdós" y por tanto no se lo dotó de un sistema de drenaje.

El muro pasó a asumir funciones de contención, al encontrarse en contacto directo con el terreno. La falta de limpieza en el momento del hormigonado permitió que entrara tierra que corroyó las armaduras.

Posteriormente se realizó un proyecto de obras de emergencia para revisar los taludes existentes, después de que descarrilara un tren en Son Tey (Petra) por la caída de un talud sobre la vía. Según denunciaba la Fiscalía, estas obras se hicieron sin consultar los proyectos anteriores ni realizar un estudio previo de los muros.

Además, la Fiscalía dirigía la acusación contra SFM por no controlar el vaciado permanente del trasdós del muro, pese a que se sabía que los materiales de la base eran arcillosos y que las aguas del subsuelo podían provocar corrosión.