La exalcaldesa de ses Salines se sienta en el banquillo acusada de prevaricación y acoso laboral

La Fiscalía acusa a Maria Bonet de haber obstaculizado el trabajo de dos funcionarios, ambos arquitectos, y de abrirles un expediente de forma injustificada, supuestamente en venganza por una denuncia contra la propia acusada. En el juicio, la exalcaldesa ha sostenido que cuando tuvieron lugar los hechos que se le imputan todavía no tenía conocimiento de la denuncia.

Bonet ha rechazado asimismo que se negase a firmar los escritos de los dos funcionarios para entorpecer su trabajo, sino que ha indicado que quería leer los documentos que le traían antes de firmarlos. Sin embargo, según la que fuera jefa de filas del PP en ses Salines, los denunciantes decidieron no marcharse hasta que Bonet hubiera procedido a la rúbrica. Según ha manifestado, "fue un acoso constante, me perseguían". La exprimera edil también ha indicado que este "acoso" fue la razón por la que trasladó la orden de que los escritos se entregasen a través de otro trabajador del Consistorio.

Por otra parte, Maria Bonet ha indicado que el motivo de la destitución de uno de los funcionarios de su puesto como jefe de urbanismo fue "por falta de confianza", y ha defendido que el expediente disciplinario se ajustó a los términos adecuados.

"LAS SOSPECHAS CAYERON MAL EN EL AYUNTAMIENTO"

Por su parte, el funcionario que impulsó la denuncia por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento ha mantenido su versión, afirmando que cuando informó de sus sospechas esto "cayó muy mal" en el Ayuntamiento de ses Salines. Además, ha indicado que la entonces alcaldesa sí sabía de la denuncia cuando se produjeron los hechos, aunque ha admitido que quizá ignoraba su contenido concreto o a qué expedientes afectaba.

En cuanto al expediente contra el denunciante, ha mantenido que se puso al cargo a un "instructor político", porque, si bien se había solicitado la intervención de una persona externa, concretamente del Govern, este interviniente pertenecía al mismo partido que la alcaldesa, el PP. En este sentido, el funcionario ha expresado su convicción de que "la sanción ya estaba escrita antes de que acabase la instrucción". Igualmente, ha denunciado que con el expediente se convirtió la comunicación de una irregularidad en una supuesta "falta de respeto".

Al inicio de la vista se ha comunicado que los denunciantes han renunciado a la acción civil, por lo que se ha retirado la defensa del Ayuntamiento de ses Salines, personado como responsable civil subsidiario. Originalmente, se pedía una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los funcionarios por los daños morales, que tendrían que haber pagado conjuntamente la acusada y el Consistorio en caso de condena.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

La acusación pública señala que, después de la denuncia de los dos arquitectos, por la que se incoaron diligencias en un Juzgado de Manacor, la entonces alcaldesa "comenzó a obstaculizar el trabajo" de ambos profesionales, "directamente o a través de órganos del Ayuntamiento, como respuesta a la intervención de dichos funcionarios respecto a las supuestas irregularidades". El fiscal subraya que lo hizo "siempre con conocimiento de que su actuación no respondía a la persecución del interés público que debía presidir sus actuaciones".

Así, en su escrito, la Fiscalía acusa a Bonet de haber impedido que los funcionarios presentaran informes, imponiéndoles que procedieran a la comunicación directa de sus actuaciones. Sin embargo, cuando se dirigían directamente a ella, se negaba a recibir las comunicaciones, según la versión del Ministerio Público.

El fiscal detalla que los dos funcionarios no pudieron acceder a expedientes administrativos relacionados con su trabajo, y que uno de ellos fue destituido como jefe de urbanismo después del informe previo sobre la paralización injustificada de 13 documentos de disciplina urbanística, que dio lugar a la investigación contra la exalcaldesa.

Finalmente, en mayo de 2015, Maria Bonet abrió un expediente disciplinario a los dos trabajadores, "con conocimiento de que las actuaciones de los funcionarios no habían sido constitutivas de infracción administrativa", según la Fiscalía. Con la apertura del expediente se les impuso una suspensión provisional de funciones durante un máximo de seis meses, y posteriormente fueron sancionados.