Un facultativo de la UCI grababa imágenes íntimas sin consentimiento en el Hospital Mateu Orfila

La Fiscalía pide para este profesional sanitario un total de diez años de prisión y otros diez de inhabilitación, y multas que ascienden a 21.000 euros. Además, en concepto de indemnización a las víctimas, la cuantía supera los 195.000 euros. Con todo, en el momento de cometer los hechos, el fiscal asegura que el acusado padecía un trastorno de voyeurismo y adaptación, con síntomas de ansiedad y estado anímico deprimido.

Según el escrito del fiscal, los hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2018. Durante ese tiempo, y con la supuesta finalidad de descubrir los secretos y vulnerar la intimidad de terceras personas, colocó dispositivos de grabación y reproducción de imagen en el interior de los vestuarios y aseos femeninos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Mateu Orfila.

MÓVILES INSTALADOS EN TAQUILLAS Y PAPELERAS

Concretamente, el acusado empleó dos teléfonos móviles de su propiedad y los colocó estratégicamente en la parte superior de las taquillas de los vestuarios o en las papeleras de los baños. Además, en otras ocasiones, también situó el móvil dentro de una caja de cartón y envuelto con un plástico negro, llegando a grabar sin consentimiento a 67 profesionales sanitarias, la mayoría de veces en reiteradas ocasiones.

Siguiendo el mismo 'modus operandi', el encausado grabó a hasta nueve familiares de pacientes ingresados que hacían uso de estas dependencias. La Fiscalía asegura que el procesado aprovechó su condición de personal al servicio de la UCI para obtener con mayor facilidad las grabaciones, ya que entraba y salía libremente de los aseos, tanto del personal como del público en general, para colocar y retirar los móviles.

Según el fiscal, llegó incluso a hacerse con un juego de llaves para hacer una copia del mismo y tener así la posibilidad de acceder al vestuario femenino de sus compañeras de unidad.

GRABACIONES EN ENTORNOS DOMICILIARIOS

Por otro lado, el escrito refleja que, además de llevar a cabo estas actuaciones en el hospital, el acusado colocó su teléfono en el baño de la vivienda donde residía, que era el que utilizaban sus invitados, para poder grabarles. Llegó a grabar a 11 personas, entre ellas a una menor de edad. Además, utilizó también su dispositivo móvil para grabar a la vivienda de sus vecinos mientras estos estaban bañándose en la piscina. En este caso, registró imágenes de cuatro personas.

Asimismo, en otra ocasión, el procesado, encontrándose en la parte trasera de un coche, le pidió a un amigo suyo (el conductor del vehículo) que le dejara su teléfono con la excusa de buscar unas fotos. No obstante, encontró un vídeo en el que su amigo mantenía relaciones sexuales con una mujer (en este caso, la grabación era consentida) y el acusado aprovechó la oportunidad para grabar desde su teléfono hasta 14 secuencias y 15 imágenes de la escena.

En agosto de 2018, el hombre repitió el 'modus operandi' con una compañera con la que estaba manteniendo una reunión, grabándola por debajo de la mesa para, según el fiscal, captar imágenes de su ropa interior. También en 2018, en una vivienda de Maó, el acusado colocó su teléfono en el baño de la piscina del inmueble para grabar a una mujer mientras se cambiaba de ropa.