La juez investiga la concesión de Marina Botafoc a Ocibar

La juez Mora tiene ya sobre su mesa de despacho los informes de la policía judicial de la Guardia Civil sobre las maquinaciones que pudieron haberse dado en la concesión en 2019 del Puerto Deportivo de la Marina de Botafoc en Ibiza a la actual empresa gestora de Port Adriano, Ocibar, S.A. Este caso (desmenuzado por este digital desde que tuvo conocimiento de una resolución del Tribunal Superior de Justicia en la que se afirmaba que los miembros de la comisión de técnicos que evaluaron todas las ofertas presentadas actuaron 'incorrectamente' al corregir las deficiencias que detectaron en la propuesta de la que a la postre resultaría beneficiaria de la adjudicación) resulta paradigmático del modo de actuar en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en la etapa que fue presidida por Joan Gual de Torrella, amigo muy personal de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

La juez recoge jurisprudencia y, sin desdeñar el derecho de todo procesado a conocer de qué se le acusa, advierte que "podrá denegarse el acceso a determinados
materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público importante, como en los casos en que se corre el riesgo de perjudicar una investigación en curso", tal y como se indica en la Directiva 2012/13 EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho de información en los procesos penales.

Por todo ello, la juez Mora decretó el pasado viernes que se mantenga el telón de acero hasta, inicialmente, el 8 de mayo sobre toda la investigación que se inició en 2020 tras la detención del entonces presidente de la Autoridad, Joan Gual de Torrella; del director, Juan Carlos Plaza; del jefe de Departamento, Armando Parada; del jefe de Sección, Fernando Berenguer; del consignatario Miguel Puigserver; y la imputación de la abogada del Estado adscrita a la APB, Dolores Ripoll Martínez de Bedoya, hermana de quien fuera responsable de Urbanismo en la etapa de alcalde del popular Joan Fageda, Carlos Ripoll.

Martina Mora recuerda en su resolución que "el presente procedimiento tiene por objeto la investigación de varios delitos contra la administración pública en el seno de varios procedimientos de contratación / adjudicación dentro de la APB a favor de determinados licitadores, previo concierto de los principales investigados con dichos licitadores / adjudicatarios y apartándose los investigados (cada uno dentro de sus funciones públicas asumidas dentro del organismo público) de las obligaciones
inherentes a su cargo para conseguir dicha finalidad predeterminada dando lugar a resoluciones injustas a sabiendas y/o a una defraudación de la administración, en ocasiones con prebendas, favores o dádivas vinculados a dicha actuación o en atención al cargo o función pública desempeñada. La investigación ha de extenderse, además, a los delitos que resulten conexos con los anteriores".

Como puede deducirse de este demoledor párrafo, la juez ve indicios de que los beneficiarios de una adjudicación amañaron con los técnicos previamente el resultado del concurso a cambio de un lucro por parte de éstos. De ser cierto, estaríamos ante uno de los casos de corrupción más graves acaecidos en Baleares en los últimos treinta años. Desde el caso Zeus y Torcal (la adjudicación de las obras de reforma del inmueble del Parlament a una empresa vinculada con Gabriel Cañellas).

En otro apartado de su auto, la juez señala que "la complejidad y diversidad de los hechos investigados .../...; el elevado número de personas implicadas en la comisión de los mismos pendientes de identificar en su totalidad; y la limitación de recursos", hace que el avance en la investigación y esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los presuntos responsables se demore en el tiempo". Uno de los inmuebles intervenidos por la policía judicial fue la sede de la delegación de la APB en Ibiza, casualmente.

A pesar de todo lo investigado y la cantidad de documentación intervenida, la juez considera que "no puede decirse que nos encontramos ante una causa general o ante una investigación prospectiva como alega una de las defensas", en clara alusión, al parecer, al letrado que representa a Joan Gual de Torrella.

En resumen, ya falta relativamente poco para que los investigados sean citados a declarar ante la juez. Pero eso será ya parte de otro proceso judicial y mediático.