Los límites del Consejo de Estado para decidir sobre la continuidad del RCNP

El Consejo de Estado sólo dictaminará sobre el título habilitante (documento jurídico, otorgado por el órgano competente de la Administración, que permite la ocupación o el uso de un bien de dominio público de un modo que excede, limita o excluye el uso que corresponde a todos) que el Real Club Náutico de Palma (RCNP) tiene para la gestión de su recinto portuario. Este digital ha podido saber del máximo órgano consultivo del Gobierno de España que la petición solicitada por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es la de dictaminar sobre qué título tiene en la actualidad el RCNP para la gestión de los servicios que presta en la dársena de San Pedro y en el contramuelle de Es Mollet del Puerto de Palma.

Cuando mallorcadiario.com preguntó al Consejo si ya había dictaminado sobre el asunto planeado por el Gobierno, y si había adoptado un criterio sobre si el RCNP tiene, o no, derecho a ampliar su actual gestión de servicios, desde este órgano se matizó que lo solicitado por Sánchez tiene que ver exclusivamente con el "título otorgado" en su momento para la explotación de un club náutico. Y no, si su actual gestión de servicios es comparable o compatible a una concesión demanial, y, por tanto, si podría optar a una ampliación en el control de la instalación.

El Consejo de Estado analizará la ampliación de plazo del Real Club Náutico de Palma

El Ministerio de Transportes ha cursado la solicitud

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El asunto es intrincado, y da la impresión de que hay personas que quieren mantenerlo en esta situación. Por un lado, no hay acuerdo en la fecha de vencimiento del actual contrato: mientras hay quien afirma que es a final de este año (en el caso de que sea concesión), otros apuntan a que se debe alargar hasta el 31 de diciembre de 2023 (por tratarse de contrato de servicios). Y por otro, si tiene razón la Abogacía del Estado (que dijo que no se podía prorrogar la gestión del puerto en manos de la actual entidad) o el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que resolvió acerca de la concesión del puerto de Formentera en un supuesto similiar. Los magistrados resolvieron, a petición de parte, que la gestión de servicios de la empresa explotadora (idéntica situación que la del RCNP) era similar a la de una concesión administrativa; por lo cual, tenía derecho a pedir una prórroga o ampliación.

Los actuales responsables del RCNP esperan que el dictamen del Consejo de Estado vaya en la misma línea que el pronunciamiento jurídico del TSJB, y al final la Autoridad Portuaria les conceda una prórroga por 20 años más.

CASOS QUE SE ACUMULAN EN LA APB

Pero no sólo es el RCNP el asunto que tiene sobre la mesa el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), el ex presidente del Govern Francesc Antich; los asuntos se le acumulan sin que hasta el momento se haya mostrado raudo en darles una solución. De él dicen en el sector náutico que es un "dinosaurio político" en un despacho de lujo con un sueldo muy apetecible; que quien controla el percal de la APB es el jefe de Explotación Portuaria, Armando Parada, imputado por el caso de Mahón y a la espera de juicio.

Los otros asuntos afectan al futuro de la empresa Ocibar al frente del puerto de Botafoc de Ibiza; la nueva concesión del Club Náutico de Ibiza; la sospecha de "pelotazo" por la prórroga hasta 2044 de la explotación del Club de Mar. Sobre este asunto, las cifras cantan solas: 24 años más de explotación, una ampliación de amarres que añaden más de 250 usuarios al club y una inversión para las nuevas instalaciones y club social de 50 millones de euros que serán sufragados con la venta de los derechos de los nuevos amarres. Una operación redonda, se afirma en el sector náutico.

Por lo que se refiere a Ocibar, según han informado a este digital, aún no se ha elaborado el pliego de condiciones del concurso para la nueva adjudicación de Botafoc. Ocibar tenía que cerrar el despacho el 12 de agosto del pasado año, pero se le concedió una prórroga de un año hasta el próximo 29 de julio de 2022. La APB confía en cumplir los plazos reglamentarios y convocar el concurso con antelación suficiente. Pero, para el supuesto de que no sea así, no habría problema en prorrogar un año más la gestión de Ocibar, según han indicado desde la APB.