Sólo Jhardi firmó la prohibición de los tiqueteros de Cursach: tres funcionarios se negaron

La exconcejala de Función Pública y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma Aurora Jhardi ha rechazado este jueves en el juicio en la Audiencia Provincial haber cometido un delito de prevaricación en marzo de 2017 para perjudicar a los establecimientos de ocio del Grupo Cursach.

La Fiscalía ha mantenido su petición de que se condene a la expolítica a 10 años de inhabilitación para ejercer un cargo público, después de revocar la licencia a los locales de ocio nocturno para hacer publicidad mediante “tiqueteros”. El ministerio público sostiene que lo hizo para perjudicar al grupo empresarial.

Durante el interrogatorio ante el tribunal de la sección segunda, la que fuera concejala en Palma entre 2015 y 2019 se ha defendido y ha justificado que decidió anular la licencia de los tiqueteros de estas discotecas en la zona de Playa de Palma debido a los “reiterados incumplimientos” durante la temporada turística.

A través de un correo electrónico, Jhardi ordenó a dos funcionarios del departamento de Gobierno Interior que redactaran en su nombre un escrito para retirar la publicidad dinámica “por motivos obvios” y que el texto debía estar dirigido a la Asociación de empresarios de salas de fiesta, discotecas y negocios similares.

La decisión de Jhardi llegó después de la detención del empresario Bartolomé Cursach acusado de varios delitos de prevaricación administrativa, grupo criminal, coacciones y cohecho y, según las acusaciones, dio esta orden con el propósito de perjudicar los intereses de locales pertenecientes al grupo empresarial

La expolítica ha asegurado al tribunal que tomó esta decisión durante la preparación de la temporada turística en Playa de Palma y que constaban unas 110 multas por incumplimiento de los tiqueteros de las discotecas del Grupo Cursach.

“Nosotros tirábamos de calendario y es el que marcaba las actuaciones que había que hacer. No se pueden dictar resoluciones a golpe de presión y nunca se produjo esa presión”, ha argumentado Jhardi, que se ha negado a responder a la acusación particular, que ejerce el grupo de ocio.

También ha asegurado que los funcionarios no pusieron ninguna pega a su orden, que ella firmó el decreto que revocaba estas licencias y que ella, como cargo político, es la encargada de dar la instrucción y que ésta se tramita en el área: “No me corresponde hacer el razonamiento jurídico”.

Dos funcionarios de carrera del departamento de Gobierno Interior han coincidido en que, tras la orden escrita y verbal de Jhardi, le aconsejaron que lo que pedía no se podía hacer porque la empresa cumplía los requisitos y ha resaltado que la obligación del área municipal era conceder las licencias de publicidad dinámica requeridas.

Uno de ellos, entonces responsable del área de de Gobierno Interior, ha afirmado que la ahora exconcejala insistió en el cumplimiento de la orden, que se encargó de redactar el decreto y que sólo lo firmó Jhardi, ya que los tres funcionarios restantes que debían firmar el documento no lo hicieron porque se oponían a la decisión de la política.

Otro de ellos ha reconocido que “había prisas”, así como "muchos nervios" y que la orden de la concejala fue “tajante”. “Entendimos que era por lo que salía en la prensa todos los días por el Caso Cursach”, ha concluido.

Por su parte, la administrativa del Grupo Cursach, Sonia Cursach, ha contado al tribunal que, después de perder la licencia sectorial, desde la empresa de ocio pidieron licencias individuales para los tiqueteros de cada uno de sus locales pero que no obtuvieron respuesta alguna del consistorio.

Ha apuntado que ese año continuaron haciendo publicidad dinámica y que, a la espera de la respuesta del Ayuntamiento para que justificara el motivo de revocar la licencia, se ponían multas contra el Grupo Cursach. “Estábamos en desventaja respecto a otros locales”, ha denunciado.

El expresidente de la asociación de ocio nocturno Abone, Jesús Sánchez, ha explicado en calidad de testigo que la entidad recibió la notificación de la revocación "sin ningún motivo en concreto" esta licencia sectorial que tenía 25 años de antigüedad.

Ha añadido que, tras requerirlo en diez ocasiones, se reunió con Jhardi para abordar este asunto, ya que penalizaba a "todo" el colectivo de empresarios. "No nos dio ninguna explicación y nos dijo que lo analizaría. Pasaron los meses y no nos dijo el motivo", ha censurado Sánchez.

En sus conclusiones, la Fiscalía y la acusación particular han mantenido su petición de inhabilitar a Jhardi para ejercer un cargo público por un tiempo de 10 años, mientras que el abogado de la defensa ha reclamado la absolución de su clienta porque "hay una duda razonable sobre los fundamentos de base de la orden".

El juicio por estos hechos ha quedado visto para sentencia.

Cabe recordar que la sección primera de la Audiencia de Palma ha señalado para el próximo junio el inicio del macrojuicio de la pieza principal del denominado Caso Cursach, sobre una presunta trama corrupta que habría liderado el empresario Bartolomé Cursach y que incluye a 23 investigados.

DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN

La Fiscalía pide para la exedil de Función Pública y Gobierno Interior una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Según el escrito de acusación, Jhardi decretó en marzo de 2017 la revocación de la licencia de publicidad dinámica, los conocidos coloquialmente como 'tiqueteros', de locales de ocio del Grupo Cursach "con el exclusivo objeto de perjudicarles".

La licencia había sido solicitada y autorizada para 2017 por la Asociación de empresarios de salas de fiesta, discotecas y similares, que era concesionaria de la licencia sectorial concedida para esta actividad, y funcionaba como intermediaria y coordinadora.

Siguiendo el relato de la Fiscalía, la exedil remitió un correo electrónico a dos funcionarios del Ayuntamiento para que redactaran un escrito a tal fin "por motivos obvios".