Impedir el alquiler turístico en pisos

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra la normativa municipal de 2018 que prohíbe el alquiler turístico en pisos en Palma ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que afecta doblemente a muchos ciudadanos, según sean propietarios que quieren explotar viviendas como alquiler vacacional o vecinos que sufren los problemas de convivencia que el fenómeno, en algunos casos, acarrea.

La sentencia falla que la normativa de Cort "vulnera las directivas europeas, la legislación estatal y es desproporcionada e innecesaria", aunque sí se muestra de acuerdo en imponer limitaciones a la comercialización turística de viviendas en zonas saturadas, como Playa de Palma, donde solo se permite el alquiler por un periodo máximo de 60 días al año. Judicialmente, el asunto aún tiene recorrido porque el Ayuntamiento dispone de 30 días para recurrir la sentencia en casación, de forma que antes de quedar concluida la vía judicial no sería posible contratar alquileres turísticos en pisos.

Incluso una vez refrendada la decisión, las opciones de que esta comercialización pueda realizarse son bastante escasas, ya que el equipo de gobierno de Palma ha adelantado que, si es necesario, aplicará el plan del Consell de Mallorca, que contempla únicamente el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares. Tal posición llevó al alcalde Hila a afirmar este jueves que "no va a haber alquiler turístico" en viviendas plurifamiliares en Palma.

Quienes celebran la decisión del TSJIB entienden que la norma municipal ahora rebatida constituye una prohibición injusta, discriminatoria y que va en contra del derecho a la propiedad privada. Más allá de estas afirmaciones, la norma sirve para proteger un mercado de la vivienda que sea accesible -sobre todo en los barrios más céntricos, bien sea de compra como de alquiler- a la vez que evita problemas de convivencia entre vecinos y turistas.

En Palma ya existe una oferta turística suficiente entre los hoteles y las viviendas unifamiliares que pueden explotarse como alquiler turístico. Extender la oferta a los pisos es abrir la puerta a nuevos problemas y meter presión a unos precios del mercado que podría acabar expulsando a los residentes, como ha ocurrido en otras ciudades. La decisión judicial -como no puede ser de otra forma- merece todo el respeto, pero las salidas previstas para atajar el problema por parte de Cort tienen todo el sentido.

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