La huelga tendrá lugar después del paro de dos días del pasado mes de diciembre, tras la introducción de una enmienda en la Ley de eficiencia organizativa para incluir la cláusula de enganche de la retribución de los letrados a la de los jueces, que fue vetada por el Gobierno central.
Los letrados de la Administración de Justicia han advertido, además, que el Ministerio ha incumplido la mayoría de los compromisos adquiridos en abril de 2022. Entre estos compromisos, figura la adecuación salarial del cuerpo tras haber asumido desde 2009 funciones que, según aseguran, no se han visto retribuidas.
También advierten de que, como se indicó, no se asimilarán los complementos vinculados a grupos de población a los establecidos para los médicos forenses, reduciendo los cinco grupos actuales a tres, y estableciendo el mismo coeficiente previsto para la determinación del complemento general de puesto.
Tampoco se ha incrementado todavía el porcentaje destinado a productividad del Cuerpo. Según han indicado, se está a la espera de lo que establezca una sentencia prevista en fechas próximas sobre la aplicable a la carrera judicial.
La huelga supondrá la paralización de las actividades del letrado de Administración de justicia (hay uno por juzgado y órgano judicial), y supondrá suspensión de juicios y declaraciones, a excepción de los servicios esenciales, como guardias, medidas cautelares o el funcionamiento de registro civil.
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