Golpe histórico del Supremo al movimiento okupa en Mallorca

El Tribunal Supremo ha ratificado una condena de nueve años de cárcel para cuatro okupas de Mallorca que, tras acceder a unos pisos a estrenar a punto de entregarse a sus propietarios, exigieron al promotor hasta ocho mil euros a cambio de marcharse.

Por estos hechos, los acusados, tres hombres y una mujer, fueron condenados en 2021 por un Juzgado de Palma por un delito de extorsión. La sentencia les impuso penas individuales de dos y tres años de cárcel por ese delito, y también les condenó al pago de multas por usurpación de bien inmueble.

CODELINCUENCIA

A esas penas, el Juzgado sumó nueve meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, aunque, tras un recurso de las defensas, la Audiencia Provincial les absolvió de este último delito, entendiendo que se trataba de un supuesto de codelincuencia.

Con todo, los acusados presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía y la víctima, representada por el abogado Carlos Barceló en el procedimiento, se opusieron a ese recurso.

Los magistrados del Supremo no han admitido a trámite las peticiones de los okupas al considerar que sus recursos carecen de interés casacional. Además de imponer las costas a los acusados, confirman así la condena por el delito de extorsión, la primera de este tipo en España por un caso de okupación.

VIVIENDAS A PUNTO DE ESTRENAR

Los hechos se remontan a mayo de 2019. Los acusado, todos ellos con antecedentes penales por delitos de distinta naturaleza, se pusieron de acuerdo para ocupar una finca en Palma. En este inmueble se acababan de construir viviendas nuevas que estaban a punto de ser entregadas a los compradores. De hecho, sólo faltaban por instalar las cocinas y los electrodomésticos.

Los 'okupas' forzaron el bombín de las puertas de acceso al edificio, y en un cajetín se hicieron con el manojo de llaves que había dejado un carpintero. Con esas llaves pudieron entrar en las viviendas e instalarse en ellas.

Los apartamentos eran todavía propiedad de la promotora, y cuando la empresa detectó lo ocurrido, su responsable se personó en el inmueble y trató de convencer a los okupas para que se fueran. A cambio, y con el propósito de persuadirles, les ofreció inicialmente 500 euros, y, posteriormente, 1.000 euros a cada uno.

AL PROMOTOR: "PAGARÁ POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS"

Sin embargo, los okupas le exigieron más dinero y le advirtieron de que si no les pagaba más no se irían. Concretamente, le aseguraron que terminaría pagando "por las buenas o por las malas", que "montarían un pollo" y que "llamarían a la prensa", según recoge la sentencia.

El promotor se puso en contacto con la Policía, y los agentes identificaron a tres de los acusados. El empresario incluso contrató los servicios de una empresa de detectives para tratar de encontrar una solución. Finalmente, a través de uno de los empleados, los okupas exigieron ocho mil euros para abandonardes las viviendas.

Temiendo que los delincuentes llamaran a más personas para okupar el resto de pisos, que el promotor tenía que poner en mano de los compradores en fechas próximas, o que causaran daños en los inmuebles, la víctima entregó el dinero. Una vez que hubieron cobrado, los okupas recogieron sus pertenencias y se marcharon todos en un vehículo. Tras su partida, la promotora constató desperfectos en los pisos por valor de 6.000 euros.

ESTRÉS E INTIMIDACIÓN

En los recursos al Tribunal Supremo, con la intención de defenderse de su presunta implicación en un delito de extorsión, uno de los acusados alegó que no había concurrido violencia o intimidación para obtener el dinero a cambio de abandonar la vivienda. Igualmente, añadió que su propósito no era permanecer en la casa, esto último para alegar contra el delito de usurpación de bien inmueble.

Sin embargo, el Supremo ha rechazado sus argumentos en base a los hechos probados. Recogiendo los planteamientos de la Audiencia, el Tribunal destaca que la situación para el denunciante fue "absolutamente estresante e intimidante", ya que se trataba de una promoción de pisos a estrenar que tenía que entregar a los compradores.

En este contexto, según figura en la resolución, "la okupación no solo impediría la entrega de las mismas a los compradores, sino que además existía un riesgo evidente de que se produjeran destrozos importantes por parte de los ocupantes".

"TEATRALIZACIÓN"

La sentencia de la Audiencia subrayó que la okupación de la vivienda fue "un elemento imprescindible para mover la voluntad del promotor", y que, de hecho, su única finalidad era presionar a la promotora para pagar.

En esta línea, recoge que ninguno de los acusados tenía necesidad de vivienda, y llama la atención sobre que "sus pertenencias eran escasas atendiendo a que se fueron de manera inmediata en cuanto se les entregó el dinero".

Por otra parte, no había pruebas de que se llevaran enseres para acomodarse una larga temporada, como utensilios de cocina o ropa. "Más bien lo que hicieron fue una pura teatralización", incide la Audiencia. Pusieron un felpudo, un dibujo infantil pegado con celo y dejaron bolsas de basura en el rellano que previamente habían cogido del contenedor de la calle, todo ello para "hacer visible la ocupación como medio intimidante propio de la extorsión".

Precisamente, por esos detalles, la Audiencia rechazó absolver a uno de los okupas que alegaba que ni siquiera había mediado palabra con el promotor. Para los magistrados, "se creó una violencia ambiental perfectamente orquestada" al introducir esos "signos aparentes de que iban a permanecer allí si no se cumplían sus exigencias".

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