La Fiscalía ha mantenido su petición de ocho años de cárcel a una mujer que obligó a otra que se prostituyera. Presuntamente, la engañó para que viniera a España desde Nigeria para trabajar como camarera. El juicio ha quedado visto para sentencia este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.
En la jornada de este martes, ha declarado el propietario del club donde realizaba su actividad. Ha explicado que él pagaba a la acusada, quien, tal como ha dicho, controlaba a la víctima.
Además, también ha señalado que era la acusada quien negociaba con los clientes. Otra testigo que ha declarado este martes, la encargada, ha dicho que la víctima no hablaba nunca.
La defensa de la acusada, por su lado, ha pedido la absolución pues sostiene que la víctima tenía libertad de movimiento y considera que quedan "dudas" acerca de los hechos juzgados y ante esto, ha remarcado, debe prevalecer la presunción de inocencia.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que antes de octubre de 2017, la mujer organizó la captación, el traslado desde Nigeria y la posterior explotación sexual de la víctima, una mujer de 25 años, acuciada por una precaria situación económica en su país de origen.
Para el traslado desde Nigeria hasta España, la víctima acabó viajando en una patera hasta Italia, donde fue ingresada en un campamento de refugiados en la zona del valle del Po. Desde ahí fue recogida por la acusada y trasladada a Palma desde Bolonia en avión con documentación falsificada.
Una vez en Mallorca, la víctima se alojó en la casa de la acusada que le informó que había contraído una deuda de 25.000 euros que debía saldar ejerciendo la prostitución en dos clubes de Inca.
De esta manera, según el relato de la Fiscalía, habría estado ejerciendo la prostitución desde octubre de 2016 hasta enero de 2017, cuando un cliente del club denunció el caso a la Policía Nacional.
La procesada la acompañaba en todos sus desplazamientos e incluso intermediaba con los posibles clientes a quienes solicitaba 35 euros por mantener relaciones sexuales con la víctima durante media hora. La perjudicada luego debía entregar todo lo recaudado, que ascendió a 1.800 euros.
En la primera sesión del juicio, que tuvo lugar el 25 de abril, la acusada negó los hechos. En consonancia con esto, su defensa ha pedido que se le absuelva.
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