Fiscalía mantiene la petición de 26 años de cárcel para once acusados del asalto en el Port Vell

Después de que a lo largo de la vista los testigos de las acusaciones pusieran de manifiesto que la protesta ante un restaurante del Port Vell de Palma no generó daños graves y los testigos de la defensa situaran a siete de los acusados lejos del lugar de los hechos, el fiscal ha mantenido la acusación contra diez procesados y ha retirado los cargos contra otro que solo estaba encausado por justificar el acto en una entrevista como portavoz de la asociación independentista Arran.

Las defensas han cuestionado los reconocimientos fotográficos del informe policial en que se basan las acusaciones, han considerado muy endebles las pruebas incriminatorias y han lamentado por desproporcionadas unas peticiones de pena que no responden a hechos que no supusieron una alteración de la paz pública contraria a derechos fundamentales de los afectados.

En su informe final, el fiscal ha apuntado que sus peticiones de pena pueden ser criticables, pero "son legales", y ha lamentado que algunos medios hayan bautizado esta causa como el "caso Confeti", cuando para él deberían haberlo llamado "caso Bengala" porque este elemento, sumado a los botes de humo, fue el que causó el peligro que justificaría condenas de prisión para los procesados.

Ha destacado que la manifestación fue "ilícita" porque no se comunicó a la Delegación del Gobierno, que participaron de 30 a 40 personas y que se prolongó durante 20 minutos en los que si ni la Policía Portuaria, la Policía Nacional ni la Guardia Civil apreciaron riesgos relevantes es porque llegaron cuando la concentración se estaba disolviendo.

El acusador público ha sostenido que se usaron bengalas que podían haber hecho explotar el combustible de las embarcaciones próximas. "No paso nada, afortunadamente", ha apostillado.

El fiscal ha considerado que se atentó contra derechos fundamentales de los clientes del restaurante, los paseantes y los navegantes próximos a la protesta como su "libertad y seguridad" y ha apelado al miedo que pasaron los turistas, que pudieron pensar, ha argumentado, que iban a ser víctimas de un ataque terrorista como el ocurrido dos años antes en una playa de Túnez donde murieron ametrallados 38 turistas.

Ha justificado el mantenimiento de la petición de pena para un periodista que estuvo presente en la protesta porque su condición profesional no le exime de cometer delitos.

El abogado defensor de ocho de los acusados, incluido el absuelto, ha censurado las comparaciones del fiscal y subrayado que la propia Policía no apreció ningún ilícito penal en su informe, que elaboró inicialmente solo con el propósito de que sirviera para imponer sanciones administrativas.

"No ha habido actos de violencia sobre personas ni cosas", ha subrayado el letrado, quien ha expresado su perplejidad porque se acuse a un periodista que asistió e informó de la protesta en medios de comunicación.

También ha lamentado la indefinición de la acusación respecto a qué actos concretos cometieron cada uno de los acusados y ha abundado en las numerosas pruebas que acreditan que muchos de ellos no estuvieron en la manifestación.

De "acusación absolutamente desproporcionada y exacerbada" ha calificado el planteamiento de la Fiscalía otra letrada, defensora de tres procesados que han presentado testigos para confirmar que no estuvieron en el lugar de los hechos.

También ha subrayado que en la causa no hay "ninguna diligencia de prueba en la que hayan participado ni el juez instructor ni el ministerio fiscal", ya que todo se basa en un informe, que no atestado, de la Policía, que no tomó declaración a ninguno de los turistas que, supuestamente, se vieron amenazados por la protesta.

"Alteración de la paz social es lo que ocurre cada noche en Santa Catalina, con gente que se te mea en la puerta", ha afirmado.

El defensor de un acusado que presentó testigos y pruebas materiales para tratar de demostrar que estaba a 70 kilómetros del Muelle Viejo de Palma ha confiado en que se les dé más crédito que a un reconocimiento a partir de fotografías presentadas al dueño del restaurante por la Policía.

El caso ha quedado visto para sentencia.